El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, se mostró complacido por la votación que posibilita el normal funcionamiento de las casas de altos estudios públicas y le agradeció a los senadores por la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara alta este jueves.
“Esta ley tiene un costo del 0,14% del PBI que es similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales y equivale a un poco más de la mitad que sale mantener el régimen de privilegio de Tierra del Fuego”, sostuvo el ex diputado de la Unión Cívica Radical (UCR).
A diferencia de lo que sucedió con la ley de movilidad jubilatoria, Yacobitti aseguró que ve difícil que el Gobierno de Javier Milei llegue a la cantidad de votos para sostener un eventual veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, que ya fue sugerido por el Presidente en vísperas de la sanción del proyecto en la Cámara alta.
“Hay que actualizar por inflación los salarios de los profesores e investigadores que vienen sufriendo un terrible ajuste en el poder adquisitivo de su salario. En lo que va de 2024, perdieron entre el 35 y el 55%. Un profesor con dedicación exclusiva de 40 horas semanales está ganando, neto, 840 mil pesos, su salario está por debajo de la línea de la pobreza”, informó el dirigente radical.
El referente del radicalismo insistió en la importancia de preservar la educación pública al definirla como una inversión y no como un gasto, dado que reconoció que permitir que egresen más recursos económicos de los que ingresan “genera inflación y la inflación es el peor impuesto que se le puede cobrar a los trabajadores”.
En ese sentido, la autoridad de la UBA señaló luego de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario que “hay que discutir qué cosas se dejan de hacer y cuáles se siguen haciendo para llegar a ese déficit cero”. “En el caso de las casas de altos estudios públicas, han demostrado que tienen calidad y que son reconocidas en el mundo”, especificó.
Ley de Financiamiento Universitario: el manejo económico de la UBA
Ante el cuestionamiento sobre si la Universidad de Buenos Aires (UBA) no rinde la cantidad de dinero que el Estado le otorga, Yacobitti declaró que el planteo es totalmente falso y añadió que “rindió cada seis meses los fondos ante la Contaduría General de la Nación“. “Decían que no había auditorías de las universidades y, aparte de las auditorías internas, lo hace la Auditoría General de la Nación, permanentemente, es autónoma”, desmitió.
Además, el vicerrector de la UBA, agregó que los fondos para financiar las investigaciones en ciencia y técnica están cortados y ejemplificó que el Instituto de Oncología Roffo debió frenar la que realizaba sobre la detección temprana del cáncer de páncreas y agregó que un residente del establecimiento cobra 750 mil pesos, en tanto que un trabajador no docente, que entra con la categoría más baja, recibe 470 mil pesos.
En relación al Centro Argentino de Protonterapia, una articulación entre el Instituto y la Comisión Nacional de Energía Atómica que cuenta con una tecnología de avanzada para poder detectar y combatir el cáncer, el ex legislador declaró que “está avanzado en un 90% y no se continuó desde principio de año”, en alusión al recorte presupuestario que lleva adelante la gestión Milei.
Finalmente, Emiliano Yacobitti dejó en alto la bandera de la Universidad pública argentina que se encuentra en emergencia debido a las políticas de ajuste dispuestas por el Gobierno nacional en materia de Educación. “Son las pocas cosas que el Estado puede demostrar que funcionan bien, incluso lo hace el Presidente cuando viaja por el mundo. Gran parte de los políticos de Argentina estudió en la universidad pública, sinónimo de que eso funciona en el país”, concluyó.
El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario
Con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Ley de Financiamiento Universitario contó con el apoyo de un abanico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, peronistas, y fuerzas provinciales. Esto abre nuevamente el panorama de un eventual veto del presidente Javier Milei, tal como advirtió previo al tratamiento, y su consecuente costo político ante el Poder Legislativo.
En lo que respecta al presupuesto universitario, el texto en cuestión establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta que se sancione la ley, y estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
En el Congreso, la oposición unida rechazó los argumentos del oficialismo, que alegaron que el aumento del presupuesto universitario implicaría un gasto mayor, tras números acercados por el Ministerio de Capital Humano, al remarcar que el proyecto representa el mínimo indispensable para el funcionamiento de las universidades.
