Intendente PRO denunció que el kirchnerismo quiere destituirlo: “Saben que se extinguen”

El intendente PRO de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, denunció que la Comisión Provincial por la Memoria pretende destituirlo del cargo.

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El intendente PRO de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en las últimas horas denunció que el kirchnerismo, a través de la Comisión Provincial por la Memoria, pretende destituirlo por su política contra los trapitos y las personas que viven en la calle.

Es que, esta semana la Comisión Provincial por la Memoria le remitió una carta al Concejo Deliberante de Mar del Plata para que se investigue a Montenegro por “apología del delito”, a raíz de los videos que el intendente comparte en sus redes sociales en el que muestra a su flota de seguridad desalojando y “maltratando”  a las personas en situación de calle.

“Diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública. Los funcionarios, con la excusa de hacer cumplir el código de faltas municipal, se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales”, expone la Comisión Provincial por la Memoria.

En este marco, vías redes sociales Montenegro cuestionó el accionar judicial del organismo que conduce Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, defendió su postura de desalojar a los trapitos, a quienes trató de “delincuentes”; y respaldó a su Patrulla Municipal de Seguridad.

El intendente PRO de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, denunció que la Comisión Provincial por la Memoria pretende destituirlo del cargo.
El intendente PRO de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, denunció que la Comisión Provincial por la Memoria pretende destituirlo del cargo.

Creen que la clase media es la culpable de todos los males de las verdaderas víctimas a quienes trata de ‘vulnerables’ (los delincuentes). Por ello, el castigo es que nadie cuide ni defienda ante a la ley a quienes se portan bien, pagan sus impuestos, trabajan, llevan a sus chicos a la escuela, preparan la comida todos los días”, indicó el jefe comunal del PRO.

En esta línea, Montenegro aseguró que las intenciones de la Comisión Provincial por la Memoria de investigarlo se dan porque, en los operativos de desalojo para los trapitos y personas en situación de calle, se encontraron a varios prófugos de la Justicia. “Eso les molesta el doble”, chicaneó.

“Esto no es casualidad, es un modus operandi que intentan replicar en todos lados. Lo que no pueden ganar en las urnas, en las calles o en la voluntad de la gente, lo intentan forzar con una destitución. Están desesperados. Saben que su extinción está cerca”, sentenció Montenegro.

Qué dice el pedido de investigación a Montenegro de la Comisión Provincial por la Memoria

Junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó una investigación judicial sobre Montenegro, alegando que el intendente desplegó una serie de medidas coercitivas con detenciones, confiscación de objetos personales y malos tratos para sacar de las calles a los trapitos.

“Estos hechos fueron convalidados y reivindicados por las autoridades que no sólo no ordenaron hacer cesar los mismos y omitieron denunciar las agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios sino que el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos”, resaltaron desde la CPM.

Por tal motivo, desde el organismo provincial señalaron que la actitud de Montenegro de destacar el accionar policial contra los trapitos responde a una “provocación al odio y desprecio” de estas personas, con mensajes en los que se avala la comisión de delito y faltas de respeto a los deberes de funcionarios públicos.

“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales”, finalizó la CPM.

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