Este lunes, el Gobierno nacional de Javier Milei anunció la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, un mecanismo financiero destinado a la ampliación del sistema de energía eléctrica en alta tensión que había sido creado en 1999 para abastecer la demanda o interconectar regiones eléctricas.
La medida, que fue oficializada mediante el Decreto 234/2025 publicado en el Boletín Oficial, se fundamenta en las “irregularidades” detectadas en la gestión del fondo, según los informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.
Es preciso recordar que, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal fue creado por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, con el propósito de financiar proyectos de infraestructura eléctrica. En ese entonces, el financiamiento provenía de un recargo en la tarifa eléctrica de 0,0006 pesos por kilovatio-hora (kWh).
Sin embargo, según lo establecido en el decreto que lleva las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, las auditorías realizadas detectaron “deficiencias administrativas, incumplimiento de normativas y falta de transparencia en el manejo de los fondos”.
Entre las irregularidades mencionadas por la administración libertaria, se destaca la ausencia de manuales de procedimientos, el incumplimiento del “Reglamento de Contrataciones CAF”, y la carencia de un sistema informatizado para la gestión financiera.
Además, el Gobierno argumenta que se encontraron “demoras en la ejecución de obras financiadas por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, lo que resultó en sobrecostos debido a constantes re-determinaciones de precios, algunas de ellas alcanzando hasta 47 modificaciones en un mismo proyecto”.
A pesar de la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el Gobierno aclaró que el recargo tarifario para el financiamiento del mismo continuará vigente, y que los fondos seguirán destinándose a la financiación de obras eléctricas identificadas por la Secretaría de Energía.
Del mismo modo, el Gobierno nacional enfatizó que el 19,86% de lo recaudado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, seguirá siendo utilizado para la concreción de proyectos de infraestructura en el transporte de energía argentino.
Por caso, uno de los puntos más señalados por el Gobierno respecto de las auditorías fue el aumento desmedido en la dotación de personal del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Es que, según lo relevado por el Ministerio de Economía y la SIGEN, en enero de 2023, el fondo contaba con nueve empleados, pero en diciembre del mismo año la cifra se había elevado a 45, a pesar de que la normativa vigente prohíbe que los fondos fiduciarios públicos cuenten con una estructura de personal permanente o temporaria propia.
Además, el Gobierno alegó que se registraron gastos no relacionados con el objeto del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, como la contratación de servicios gastronómicos para eventos internos y la celebración de la firma de un contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica.
Estos gastos, que el Gobierno nacional considera “innecesarios”, influyeron en la decisión de disolver de una vez y para siempre el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, y reasignar sus recursos a otras áreas relacionadas con la movilidad eléctrica.
Así, el proceso de disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal establece que los activos financieros, incluidas sumas líquidas y títulos públicos, serán transferidos a la Secretaría de Energía.
De esta manera, la entidad que se encuentra bajo la órbita del Palacio de Hacienda, asumirá el rol de comitente en los contratos de obra en curso y será responsable de la documentación técnica y supervisión de las obras financiadas por el ahora disuelto Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, con los recursos reasignados.
Asimismo, el Decreto 234/2025 introduce modificaciones en la redistribución de los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Ahora, el 60% de los fondos será destinado a subsidios para compensaciones regionales de tarifas a usuarios finales, mientras que el 40% restante se asignará al Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior.
Es preciso mencionar que, la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal genera incertidumbre en el sector eléctrico, especialmente en lo que respecta a la continuidad de los proyectos de ampliación del sistema de transporte en alta tensión. Si bien el Gobierno aseguró que las obras en curso serán supervisadas por la Secretaría de Energía, referentes del área advierten que la falta de un mecanismo específico para el financiamiento podría retrasar nuevos desarrollos en infraestructura.
Por otro lado, la decisión podría impactar directamente en las tarifas eléctricas, ya que el mantenimiento y ampliación del sistema de transporte eléctrico dependerá en mayor medida de los fondos recaudados a través de las facturas de los usuarios. En este sentido, los expertos consideran que podría derivar en un mayor esfuerzo financiero para las provincias que dependen de la interconexión regional.
