En contraposición a lo que plantea desde su llegada a la esfera política, este miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei, encarará la primera estatización de su Gobierno con el fin de la concesión privada con Caminos Río Uruguay (Crusa), que tenía a su cargo la gestión de la llamada “ruta del Mercosur”.
De esta forma, el mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y facilitan el comercio con Brasil, Uruguay y Paraguay, volverán a estar en manos del Estado argentino.
Es que, si bien Casa Rosada estaba en conocimiento de que la concesión de Crusa con la ruta del Mercosur iba a terminarse en abril, finalmente no se realizó ninguna convocatoria para que otra empresa privada tome posesión de las dos autovías nacionales.
Por tanto, desde la gestión de Milei aseguraron que proyectan una nueva concesión para septiembre. Mientras, el Gobierno nacional retomará las tareas de mantenimiento de la ruta del Mercosur, como bacheo general, corte de pasto, servicio de acarreo, centro de atención al usuario, entre otras.
Ante esta situación, los operadores de la ruta del Mercosur recordaron que los últimos grandes trabajos en estas autovías se realizaron entre 2019 y 2020, con la repavimentación de tramos cercanos a Gualeguaychú y Paso de Los Libres. Según evalúan, el congelamiento de las tarifas de los peajes y la falta de actualización conllevó a que Crusa recorte en tareas de infraestructura.
Vale recordar que, el 31 de octubre de 2023 la concesión entre Crusa y el Gobierno argentino debía terminarse. No obstante, la empresa logró un fallo judicial que extendió la operación por un plazo inicial de 6 meses aludiendo a que el Estado incumplió con el procedimiento establecido para finalizar el acuerdo de la forma más “ordenada” posible.
A pesar de que después la concesión se estiró hasta abril de 2024, la llegada de Milei generó que la “prórroga se prorrogue” un año más, hasta este miércoles. No obstante, pese al traspié, la gestión libertaria sigue firme con su intención de avanzar en la privatización de las rutas: la semana pasada el Gobierno nacional dispuso la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa encargada de la administración de autovías y peajes de todo el país.
El plan del gobierno de Milei para privatizar las rutas
En febrero, el portavoz presidencial Manuel Adorni brindó detalles del programa que empleará el gobierno de Milei para transferir la concesión de las rutas a nuevas empresas bajo un modelo de obra pública por peaje.
La medida oficial forma parte de un plan más amplio que busca ceder a manos privadas más de 9.000 kilómetros de caminos que concentran el 80% del tráfico nacional. En ese sentido, Adorni explicó que, con este modelo, se promoverá el desarrollo de infraestructura vial a través de la participación del sector privado.
“El sector privado se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, destacó el portavoz de la administración libertaria.
Según detalló el Vocero, al comienzo de la gestión, el 45% de las rutas operadas por Corredores Viales se encontraba en mal estado. Además, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario llegaba al 45% respecto de la tarifa técnica.
Esta situación de ineficiencia y endeudamiento llevó a que la empresa registrara un resultado económico negativo en 2023. En ese año, Corredores Viales acumuló una deuda con proveedores de $142.000 millones y pérdidas por $268.000 millones, siendo asistida por el Tesoro Nacional con $301.000 millones.
La privatización de las rutas de Corredores Viales será gestionada por la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación. A través del programa Red Federal de Concesiones, el Gobierno licitará un total de 9.145 kilómetros de rutas distribuidos en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.
Uno de los primeros pasos en este proceso será la licitación de la conocida “ruta del Mercosur”, que abarca unos 670 kilómetros de extensión. Pese a que todo apuntaba a que iba a ser parte de la licitación que se llevó a cabo a finales de febrero con una audiencia pública, ahora la ruta quedará para el Estado, por lo menos hasta septiembre.
