Luego de que la Corte Suprema de Justicia diera a conocer la sentencia final contra Cristina Kirchner, el cuerpo de abogados que se encarga de la defensa de la expresidenta presentó un pedido formal para que pueda cumplir su condena en la causa Vialidad bajo el régimen de prisión domiciliaria, sin el uso de tobillera electrónica.
El planteo, que cuenta con el aval de la titular del Partido Justicialista, se basa en tres razones principales: su rol como expresidenta que exige condiciones especiales de seguridad, el intento de homicidio que sufrió el 1° de septiembre del 2022, y su edad, ya que tiene 72 años y por ley puede acceder a esta modalidad.
El escrito, presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 por sus abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, llegó un día después de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión. De esta forma, quedó habilitada la etapa de ejecución de la pena, que la exmandataria pidió que sea en su residencia actual, ubicada en la calle San José 1111, desde donde saludó a militantes tras el fallo.
En el documento de 13 páginas, los defensores afirmaron que alojar a la expresidenta en una cárcel no es compatible con los estándares de seguridad que requiere su figura institucional, e indicaron que Cristina Kirchner accedió a información confidencial y secreta durante su mandato, lo que la expone a riesgos adicionales y justifica una custodia especial de la Policía Federal, algo que sería difícil de implementar dentro del sistema penitenciario común.
Además, mencionaron el intento de asesinato del 1° de septiembre de 2022 como un antecedente central en la solicitud, al recordar que uno de los investigados en esa causa tiene vínculos con un actual funcionario del Ministerio de Seguridad, lo que a juicio de la defensa compromete la imparcialidad del Servicio Penitenciario Federal. Sin nombrarlos directamente, los abogados hicieron alusión a Gerardo Milman y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad.
Asimismo, los defensores argumentaron que si Cristina Kirchner fuera enviada a una cárcel, debería mantenerse en aislamiento absoluto para garantizar su seguridad, algo que consideran “inconstitucional e incompatible” con los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, dijeron que esas condiciones representarían un trato cruel o inhumano, prohibido por las normas que rigen la ejecución penal tanto a nivel nacional como internacional.
Al mismo tiempo, los abogados fundamentaron el pedido en la edad de la ex mandataria, ya que la ley argentina permite solicitar la prisión domiciliaria a partir de los 70 años, y si bien el otorgamiento no es automático, su edad es un criterio reconocido. A los 72 años, Cristina Kirchner cumple con este requisito legal, lo que refuerza su solicitud de cumplir la condena en su departamento en Recoleta.
Otro punto clave del planteo es el rechazo al uso de tobillera electrónica. Es que, la defensa sostuvo que su implementación es innecesaria porque Cristina Kirchner ya cuenta con una custodia permanente de la Policía Federal que supervisa todos sus movimientos, por lo que aseguraron que no hay riesgo de fuga ni posibilidad de que viole los términos de su arresto domiciliario.
Aun así, la ley de ejecución penal establece que este tipo de dispositivos electrónicos debe utilizarse en todos los casos de prisión domiciliaria, independientemente de la trayectoria o relevancia institucional del apresado, lo que abrirá un frente de discusión legal entre el pedido del cuerpo de abogados de la expresidenta y la normativa vigente.
En paralelo a este planteo, el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, dio un plazo de cinco días hábiles para que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa se presenten en Comodoro Py y queden a disposición judicial. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad que asigne, en un máximo de 24 horas, una dependencia federal que pueda albergar a los condenados, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas de alojamiento.
Para el caso particular de la expresidenta, el magistrado a cargo del Tribunal Oral Federal 2 pidió que se considere su edad, su condición de ex jefa de Estado y el atentado sufrido en 2022, con el objetivo de resguardar su integridad y su vida.
Hasta tanto se resuelva el pedido, los abogados solicitaron que Cristina Kirchner permanezca en su domicilio y no sea trasladada a una unidad penitenciaria ni a una dependencia policial. Sin embargo, esa decisión dependerá del Tribunal Oral, que deberá analizar la presentación, no sin antes pedir la opinión de los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola.
Es preciso mencionar que, los fiscales ya expresaron su posición: tras conocerse el fallo de la Corte, solicitaron la inmediata detención de todos los condenados, incluida Cristina Kirchner. Esto pone presión sobre el tribunal, que deberá resolver entre aplicar el pedido de arresto inmediato o evaluar primero las condiciones de cumplimiento de la pena solicitadas por la defensa.
Ahora, el desenlace de esta etapa judicial será clave, ya que no sólo marcará el destino inmediato de la expresidenta, sino que podría sentar un precedente para otros ex funcionarios condenados. Mientras tanto, el debate en torno a la modalidad de cumplimiento, la seguridad institucional y la aplicación de dispositivos de control en contextos de alta exposición política continúa abierto.
En qué consiste la causa vialidad por la que fue condenada Cristina Kirchner
El expediente que trató la Corte Suprema consiste en la causa iniciada en 2016, la cual investigó si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
En 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta. Los jueces ratificaron la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2.
En detalle, los jueces calificaron al Decreto 54/2009 como un “instrumento para la maniobra criminal”. Esa norma modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria.
Al ratificar el máximo tribunal la condena en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner quedó imposibilitada de postularse como candidata a diputada bonaerense por la Tercera sección electoral en los comicios provinciales que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre.
