El senador bonaerense del PRO, Marcelo ‘Chuby‘ Leguizamón, presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo provincial con el objetivo de obtener detalles precisos sobre la política habitacional implementada por el gobierno de Axel Kicillof y esclarecer lo ocurrido en el partido de Bragado, donde, según denuncias vecinales, se habrían entregado simbólicamente viviendas que aún no estaban terminadas ni en condiciones de ser habitadas.
La solicitud de informes impulsada por Leguizamón exige al Gobierno bonaerense información actualizada sobre la cantidad de viviendas construidas, entregadas y en ejecución desde el inicio de la gestión de Kicillof. Además, reclama precisiones sobre los plazos previstos de finalización, el grado de avance de las obras y las fuentes de financiamiento.
Asimismo, el legislador opositor también pidió que se informe qué programas habitacionales se encuentran vigentes, tanto de origen provincial como aquellos que cuenten con cofinanciamiento nacional, incluyendo sus objetivos, plazos, presupuestos y criterios de selección de beneficiarios.
El eje central del pedido de informes se enfoca en el caso de Bragado, donde, en abril de este año, el gobernador Kicillof encabezó un acto público que incluyó la entrega de llaves a varios vecinos del distrito. Sin embargo, surgieron denuncias que aseguran que las viviendas aún no estaban terminadas y que, incluso, algunas personas debieron devolver las llaves luego de la ceremonia.
“Queremos saber si efectivamente se entregaron viviendas en ese acto y, de ser así, en qué condiciones se encontraban. También queremos saber si hubo vecinos a los que se les pidió devolver las llaves, por qué motivo y qué medidas se tomaron para garantizar que las viviendas estén terminadas y sean adjudicadas de forma definitiva”, explicó Leguizamón a través de su presentación.
En ese sentido, el representante legislativo del PRO busca saber si la administración bonaerense inició algún sumario administrativo o revisión interna para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido. En caso contrario, Leguizamón insistió en su pedido de explicaciones por la falta de medidas frente a un hecho que calificó como “alarmante”.
Finalmente, en cuanto a los mecanismos de control, Leguizamón exigió conocer cuáles son los instrumentos con los que cuenta el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano para garantizar que las viviendas entregadas cumplan con los estándares básicos de habitabilidad y seguridad, al tiempo que solicitó información sobre la participación comunitaria en cada una de las etapas de los procesos de construcción y adjudicación.
Leguizamón advirtió sobre el uso político de la vivienda
En los fundamentos del proyecto, Marcelo “Chuby” Leguizamón recordó que el acceso a la vivienda digna es un derecho social reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el artículo 36 de la Constitución bonaerense y en tratados internacionales de jerarquía constitucional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En ese marco, el legislador “amarillo” subrayó que las políticas públicas en la materia deben cumplir con criterios de transparencia, eficacia y equidad, y no ser utilizadas con fines partidarios.
“Las denuncias públicas sobre lo que ocurrió en Bragado, de confirmarse, implicarían una manipulación propagandística de una necesidad básica de la población. Eso no sólo pone en cuestión la legitimidad del Estado, sino que también vulnera la dignidad de las personas afectadas”, remarcó.
Por otra parte, Leguizamón también cuestionó la falta de información oficial clara y sistematizada sobre la ejecución de los programas habitacionales en toda la provincia. “Se anuncian permanentemente obras y entregas de viviendas, pero no hay datos públicos accesibles que permitan conocer cuántas casas se construyeron, cuántas están en marcha, cómo se financian y con qué criterios se adjudican”, señaló.
Por último, el senador del PRO advirtió sobre la persistencia del déficit habitacional en el territorio bonaerense y reclamó que se adopten políticas estructurales, sostenidas en el tiempo, sin especulaciones políticas. “La vivienda no puede seguir siendo utilizada como herramienta electoral. Necesitamos soluciones reales, pensadas con seriedad y en diálogo con las necesidades de los bonaerenses”, concluyó en su interpelación al gobernador Kicillof.
