El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó la postura del presidente Javier Milei en el conflicto judicial por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y respaldó al gobernador, Axel Kicillof, quien rechazó el fallo de la justicia estadounidense que ordena transferir acciones de la empresa a fondos buitre.
“El presidente tiene que decidir si está del lado de los fondos buitre o del lado de todos los argentinos”, sostuvo Kicillof el lunes en conferencia de prensa. Al respecto, Katopodis retomó esa línea y advirtió que “YPF es sinónimo de la Argentina, de desarrollo, de ciencia” y que su posible privatización implicaría un retroceso para el país.
En ese marco, Katopodis destacó que el gobernador Kicillof intentó aclarar los términos del conflicto para enfrentar “las mentiras, las barbaridades y las imprecisiones” que se difundieron en los últimos días y calificó la sentencia dictada por la jueza estadounidense Loretta Preska como “absolutamente injusta”.
“No vamos a permitir que vuelvan a poner el cartel de venta en la puerta de YPF. Si privatizan YPF, vamos a tener un país peor. Si rematan AYSA, los argentinos vamos a estar peor. Si se desguazan empresas estratégicas del Estado, como el INTA o el INTI, la Argentina va a ser un peor país”, afirmó el ministro bonaerense.
“El gobernador tiene la responsabilidad de dar claridad. Fue muy preciso cuando planteó que ningún estatuto de una empresa como YPF puede tener supremacía sobre la Constitución Nacional y las leyes de la Argentina”, argumentó Katopodis.
Para el Ministro, lo que está en juego supera el ámbito técnico y judicial, ya que el país enfrenta un intento de desmantelamiento del Estado. En ese sentido, Katopodis advirtió sobre las consecuencias que esas decisiones podrían tener en la sociedad. “Está claro que Milei responde a otros intereses. Acá en la provincia de Buenos Aires se va a encontrar con una posición muy firme del gobernador y de todos los bonaerenses”, remarcó.
En paralelo, el funcionario bonaerense se refirió también a la posibilidad de revertir el fallo judicial en instancias superiores del sistema judicial norteamericano y señaló que ya existen antecedentes favorables para el caso argentino. “Hay jurisprudencia en Estados Unidos que va en contra de lo que resolvió la jueza. Los tribunales superiores ya le hicieron saber su posición”, indicó.
Por último, la autoridad provincial cuestionó el mecanismo de pago dispuesto por Preska, que establece el uso de acciones de YPF para cubrir la sentencia y demandó que únicamente el Congreso, con mayoría de dos tercios, puede definir las condiciones de un acuerdo de ese tipo. “Es un disparate que pretendan fijar acciones como forma de pago. Las acciones de YPF no se pueden disponer por voluntad de ningún funcionario”, concluyó.
YPF: el fallo de la Justicia estadounidense
La jueza federal de Nueva York ordenó a la Argentina que entregara el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la empresa petrolera, el cual pasará a formar parte del pago por la sentencia en contra de USD 16.000 millones que fijara en 2023 la corte estadounidense.
En ese sentido, la jueza Preska falló a favor del reclamo efectuado por las firmas Burford y Eton Capital que habían pedido embargar las acciones de la petrolera argentina por supuestas irregularidades en el proceso de expropiación. Ante el ultimátum judicial emitido el lunes para efectuar la entrega en un plazo de 14 días, el Estado argentino confirmó que apelará la medida.
“Argentina deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Banco de Nuev York Mellon) dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados”, establece el fallo de la justicia norteamericana.
En la argumentación del dictamen, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida”, al afirmar que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”.
