El Gobierno nacional presentó una apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York para impugnar el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos buitre. La decisión se concretó sin aguardar una respuesta al pedido de “stay” que había sido interpuesto previamente para suspender la ejecución de la sentencia.
La presentación, a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, fue anticipada por el especialista Sebastián Maril, quien a través de sus redes sociales afirmó: “Argentina no espera decisión de la jueza Preska y apela fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF”.
En ese marco, los abogados defensores del Estado plantearon que la orden de entrega de las acciones provocaría un daño irreparable y forzaría a la Argentina a violar su legislación. En ese sentido, recordaron que, según la normativa aprobada en 2012 durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, las acciones de YPF “sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso”.
En el caso específico de Eton Park, uno de los fondos involucrados, los representantes legales del país remarcaron la “naturaleza excepcional” del litigio y subrayaron la falta de antecedentes judiciales. Además, señalaron que “incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal” y advirtieron que permitir la ejecución podría sentar una jurisprudencia riesgosa para los propios intereses de Washington a nivel internacional.
De forma paralela, desde la Procuración del Tesoro explicaron que la apelación anticipada respondió a la necesidad de adelantarse a una posible nueva resolución adversa y evitar una orden de embargo sobre activos financieros argentinos radicados en Estados Unidos. Por ese motivo, los abogados resolvieron presentar la apelación sin esperar una definición de la jueza sobre la suspensión solicitada.
Por otra parte, los defensores del Estado insistieron en que no existe un perjuicio inmediato para los fondos demandantes si se suspende el fallo. Según argumentaron, avanzar con la transferencia sin una autorización del Congreso implicaría una violación a la ley argentina y generaría consecuencias negativas para terceros ajenos al conflicto, como las provincias accionistas de YPF o los bonistas.
Vale recordar que la sentencia dictada por Preska establecía que el Estado argentino debe transferir las acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días. En ese contexto, los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio tras la expropiación de la petrolera en 2012, resultaron beneficiados por el fallo y solicitaron formalmente la ejecución de la condena, cuyo monto asciende a 16.099 millones de dólares.
En sus escritos, los litigantes incorporaron una transcripción de declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante una conferencia reciente, en la que defendió la decisión del Congreso de la Nación de recuperar el control estatal sobre la empresa en 2012, cuando se desempeñaba como viceministro de Economía.
Ordenan a la Argentina entregar acciones de YPF
La jueza federal de Nueva York ordenó a la Argentina que entregara el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la empresa petrolera, el cual pasará a formar parte del pago por la sentencia en contra de USD 16.000 millones que fijara en 2023 la corte estadounidense.
En ese sentido, la jueza Preska falló a favor del reclamo efectuado por las firmas Burford y Eton Capital que habían pedido embargar las acciones de la petrolera argentina por supuestas irregularidades en el proceso de expropiación de 2012. Ante el ultimátum judicial de las últimas horas, el Estado argentino apelará la medida.
En rigor, la apelación fue confirmada el presidente de la Nación Javier Milei, quien también aprovechó para despotricar contra el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por su rol en el proceso de expropiación de YPF cuando este se desempeñaba como viceministro de Economía nacional. “Haber llegado a esta situación es responsabilidad del inútil soviético”, descalificó.
Las críticas a Kicillof, a las que se sumaron dirigentes libertarios y del PRO, parten de su actuación como viceministro de Economía cuando, al momento de la expropiación de YPF en 2012, desconoció las condiciones de ofertar por el “total de las acciones”, como figuraba en el estatuto de la empresa, a causa del precio que ello hubiese implicado para la Argentina.
