La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y titular de la Cámara alta bonaerense, Verónica Magario, valoró el rechazo del Senado nacional a varios decretos y medidas impulsadas por el presidente Javier Milei, y sostuvo que el Congreso marcó “límites a la motosierra irracional”.
En ese contexto, Magario consideró que la votación de este jueves en el recinto nacional, representó “un paso fundamental para cuidar a quienes peor la están pasando en este contexto de abandono y ajuste por parte del gobierno nacional”. Además, la autoridad provincial celebró la aprobación de una serie de proyectos que, según explicó, buscan revertir el impacto de las políticas económicas aplicadas por el Ejecutivo.
En primera instancia, la vicegobernadora bonaerense ponderó la actualización del bono y el aumento para jubilados, al tiempo que criticó al Gobierno nacional por ignorar la situación de emergencia previsional. “Por fin se reconoció la importancia de extender la moratoria previsional para millones de argentinas y argentinos, a quienes el gobierno nacional eligió ignorar”, afirmó.
A su vez, Magario hizo foco en otras iniciativas aprobadas durante la sesión, entre ellas el rechazo al veto presidencial sobre el fondo de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca, luego de la trágica inundación ocurrida el pasado 7 de marzo. “Por fin se rechazó el despiadado veto del Presidente al fondo de emergencia para Bahía Blanca”, publicó en sus redes.
Por otro lado, la funcionaria provincial destacó como uno de los puntos más importantes la decisión del Senado de poner fin a la “retención indebida” de fondos que corresponden a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al Impuesto a los Combustibles. Al respecto, la Vicegobernadora sostuvo que estas medidas buscan remediar el abandono que sufren las provincias, un problema que afecta la financiación local y la gestión pública.

Asimismo, Magario consideró que la declaración de emergencia en discapacidad representa una respuesta concreta y necesaria ante el ajuste llevado adelante por el Gobierno nacional. En sus palabras, la aprobación de esta medida, que protege las prestaciones básicas para personas con discapacidad hasta diciembre de 2026, puso un freno a la “crueldad de este gobierno”.
Finalmente, la Vicegobernadora respaldó a los bloques legislativos que impulsaron el paquete de proyectos y destacó que la aprobación de estas leyes representa “un poco de justicia social” en medio de “una oscura noche para los derechos”. “El Congreso demostró que hay límites a la motosierra irracional de Milei”, afirmó contundente.
El pronunciamiento de Magario se conoció luego de una sesión clave en la Cámara alta nacional, donde la oposición logró avanzar con un conjunto de iniciativas que contradicen el rumbo económico del Gobierno. El Senado de la Nación aprobó este jueves el aumento del 7,2% para jubilados y pensionados, la prórroga por dos años de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, entre otros puntos centrales.
Triple revés para Milei: el Senado aprobó aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves el aumento de 7,2% a jubilados y pensionados, la prórroga a dos años de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, luego de que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO abandonaran el recinto.

Con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, el Senado convirtió en ley el aumento del 7,2% a los jubilados y pensionados, que dispone una recomposición aproximada de $62 mil, así como del bono de $70 mil que pasará a $110 mil.
En tanto, la prórroga por dos años de la moratoria previsional así como del Pago de Deuda Previsional, se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: fueron 38 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
Por su parte, la declaración de la emergencia en discapacidad logró sancionarse con 55 votos afirmativos, 0 abstenciones y 0 votos negativos. La iniciativa, permite fortalecer el sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas discapacitadas hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.





