La industria farmacéutica argentina, blindada durante años por un sistema local de patentes a medida, acaba de entrar en zona de peligro. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, amenaza con imponer aranceles del 200% a los medicamentos importados si las grandes farmacéuticas no trasladan su producción a suelo norteamericano. Y en ese embate global, Argentina aparece como blanco lateral, pero no menos expuesto.
Con una economía basada en el modelo “cut-copy” —una ingeniería jurídica que permite copiar fórmulas sin pagar regalías a los titulares de patentes internacionales—, los grandes laboratorios nacionales podrían enfrentar un terremoto. Empresas como Roemmers, Elea, Gador, Bagó y Casasco, que dominan el mercado local con más del 50% de participación y facturaciones que superan los $7.488 millones anuales, tienen motivos para preocuparse.
Desde Washington, el mensaje fue brutal y directo: se terminó el recreo. El flamante informe 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) volvió a cargar con fuerza contra las políticas argentinas de patentes, luego de una breve tregua en 2024. La presión no es simbólica. Trump ya impuso aranceles a México, Canadá, la Unión Europea y Brasil, y nadie duda de su voluntad para castigar comercialmente a países que no alinean sus reglas con los intereses de su industria.
La postura estadounidense se endureció luego de años de advertencias sobre el modelo argentino, que restringe el patentamiento y permite a los laboratorios reproducir medicamentos sin pasar por caja. El modelo fue rentable, sí. Pero también precario y ahora extremadamente vulnerable. Las farmacéuticas nacionales llevan años lucrando con este sistema sin prever que podría desmoronarse con un solo decreto norteamericano.
La amenaza de Trump es doctrina pura: relocalización o castigo. La Casa Blanca ya alertó al canciller Gerardo Werthein —que mantiene vínculos históricos con el sector— sobre la necesidad de reformar el marco normativo argentino. El mensaje llegó a través de Marco Rubio, el todopoderoso Secretario de Estado y enlace directo con el nuevo gobierno estadounidense.
A nivel interno, el Gobierno de Javier Milei estudia reformas para evitar el choque frontal. Se barajan medidas como la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y un refuerzo del esquema de propiedad intelectual, ideas empujadas por el ministro Federico Sturzenegger. Pero cualquier movimiento brusco implicará costos políticos y económicos, ya que la industria farmacéutica representa el 4,9% del PBI industrial, con 43.000 empleos directos y más de 120.000 indirectos.
Los laboratorios Roemmers, Elea, Gador, Bagó y Casasco, están entre los mayores ganadores del esquema actual. También serán los principales perdedores si Trump ejecuta su amenaza. Si el arancel se eleva al 200% y se exige el pago de regalías retroactivas, el corazón del negocio se volverá inviable. Y ya hay estimaciones sobre los montos reclamados: cientos de millones de dólares por patentes nunca pagadas.
El impacto sería demoledor. Las exportaciones caerían, las inversiones se frenarían y la presión para desmontar el modelo “cut-copy” vendría también desde dentro, a medida que el negocio se vuelva menos rentable. Los CEOs de las farmacéuticas argentinas saben que el reloj corre y la presión crece. La pregunta ya no es si Trump cumplirá sus amenazas, sino cuántos puntos de rentabilidad están dispuestos a sacrificar los laboratorios para resistir el cambio.
El cerco sobre las farmacéuticas: el operativo Trump
La embestida de presidente norteamericano contra la política comercial global no da tregua. El presidente electo endureció su estrategia: subió al 30% los aranceles para México y la Unión Europea, y no dudó en calificar el déficit comercial con ambos como una amenaza a la “seguridad nacional”. Para Argentina, que aún respira bajo un arancel del 10%, el margen de maniobra es cada vez más angosto.
En sus cartas públicas, Trump utilizó un tono confrontativo, propio de sus viejas campañas: acusó a los socios comerciales de tratar a Estados Unidos como “tontos útiles”, y advirtió que su paciencia se agotó. Bajo esa lógica, la Argentina y su modelo “cut-copy” están en el radar, aunque no hayan sido mencionados explícitamente. El castigo sería inminente si no hay un giro político.
La industria farmacéutica nacional, que durante años esquivó los cuestionamientos internacionales con lobby y tecnicismos regulatorios, ya no tiene dónde esconderse. La amenaza de Trump es una señal clara de que se acabó la tolerancia con las prácticas laxas en materia de propiedad intelectual. Las excusas sobre “investigación local” y “supervisión estatal” ya no alcanzan.
Los ejecutivos de Roemmers, Elea, Gador, Bagó y Casasco deberán decidir en semanas lo que no hicieron en décadas: si se adaptan a un nuevo escenario global o si arrastran a toda la industria a un conflicto de consecuencias impredecibles. Trump ya dio el primer golpe. El siguiente podría ser definitivo.
