El diputado del Frente de Izquierda Unidad (FITU), Guillermo Pacagnini, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, informe sobre la ejecución del presupuesto y el funcionamiento de los principales programas sociales del gobierno de Axel Kicillof.
La iniciativa incluye preguntas al Ejecutivo provincial centradas en el presupuesto del ministerio que conduce Larroque, los recursos para asistencia alimentaria y los criterios para acceder a los programas sociales. En ese contexto, Pacagnini pidió detalles sobre los fondos para comedores y merenderos, el presupuesto del programa de Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (FAEC), la cantidad de tarjetas entregadas para alimentos frescos y el número de beneficiarios.
Uno de los puntos centrales del pedido cuestiona la falta de actualización del monto que reciben los beneficiarios del plan Barrios Bonaerenses, actualmente fijado en $75.000 mensuales. “¿Por qué se continúa abonando esa suma mensual por este plan?”, preguntó el legislador, y comparó la suma con el programa Potenciar Trabajo, que el Gobierno nacional mantiene congelado en $78.000 desde diciembre de 2023.
En ese sentido, el dirigente del MST reclamó precisiones sobre la última actualización del dispositivo social y consultó si la cartera de Desarrollo Comunitario considera que ese valor “cubre las necesidades mínimas de una persona o familia beneficiaria”. “Al pagar menos incluso que el gobierno ultraderechista y anti derechos de Milei y su ministra Sandra Pettovello, resulta inadmisible que no se haya actualizado su valor”, sentenció.
Además del eje alimentario, la presentación del FITU también pone el foco en la situación laboral de los jóvenes. Sobre este punto, el diputado de la Tercera sección electoral preguntó si el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad implementa algún programa de Primer Empleo Joven y, en caso afirmativo, solicitó detalles sobre su presupuesto, población objetivo, metas y cobertura territorial.
Para respaldar su reclamo, Pacagnini incluyó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que indican que durante el primer trimestre de 2025 el 56,2% de las infancias del Conurbano bonaerense vive en hogares pobres. Además, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) señaló que el 40% de esos niños y niñas sufre inseguridad alimentaria, mientras que un 14% padece hambre severa.
El pedido de informes también se apoyó en datos oficiales difundidos por el propio Gobierno bonaerense. En un posteo del 5 de julio, el ministro de Economía, Pablo López, reconoció que “la desocupación ha empeorado para todos los grupos etarios y ambos sexos”. Según esas cifras, la tasa de desocupación alcanzó el 9,3% en la Provincia y rozó el 10% en el conurbano.
En respuesta, Pacagnini retomó los datos del INDEC y advirtió que, durante el primer trimestre del año, se registraron 1.137.600 personas desocupadas, 300 mil más que en diciembre de 2023. En ese marco, la tasa de desempleo juvenil escaló al 35,7%, mientras que entre las mujeres menores de 30 años, el desempleo alcanzó el 19,2%, el registro más alto desde el segundo trimestre de 2021.
Frente a este escenario, el legislador alertó que “la dificultad para reinsertarse laboralmente crece, sobre todo en sectores con menor nivel educativo o trayectorias laborales interrumpidas”. Por tal motivo, insistió en que “los programas sociales son vitales” y denunció que los montos que se otorgan actualmente “son insuficientes y hasta inferiores a los nacionales”.
Finalmente, en su proyecto, Pacagnini propuso medidas de fondo para enfrentar la crisis social y sugirió que, si se aplicara un 5% de retención sobre las exportaciones bonaerenses —que en 2024 alcanzaron los 29.410 millones de dólares—, se podrían recaudar más de 1,7 billones de pesos, lo que permitiría construir 30 mil viviendas populares o generar 150 mil puestos de trabajo genuino.
El legislador sostuvo que, con esos recursos, sería posible construir dos municipios nuevos del tamaño de Ensenada o Marcos Paz, o uno completo como Campana o Berisso. En ese mismo sentido, propuso suspender el pago de la deuda pública provincial renegociada por Kicillof, y advirtió que solo en 2025 la Provincia deberá afrontar más de un billón de pesos en concepto de capital e intereses. Según planteó, esa suma permitiría cuadruplicar el valor del plan Barrios Bonaerenses y otorgar 280 mil nuevos planes durante un año.
