El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un millonario desembolso destinado a mejorar la red de caminos rurales, en un contexto de fuertes críticas por el deterioro de la infraestructura vial. A través de la Resolución N° 281, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense avanzó con subsidios específicos para los municipios de Pila y Tapalqué.
Según establece la norma, la Municipalidad de Pila recibirá $44.939.455 para adquirir materiales destinados a la reparación y mejora de caminos. Por su parte, la Municipalidad de Tapalqué contará con una partida de $90.000.000 para la compra de maquinaria vial con el mismo objetivo.
Ambos subsidios forman parte del “Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial 6 por 6 (2022-2027)”, una política pública diseñada por la administración de Axel Kicillof. Esta iniciativa incluye un componente específico denominado “Caminos e Infraestructura para la Accesibilidad Rural”, orientado a garantizar el ingreso a localidades aisladas, escuelas rurales y establecimientos productivos.
La medida llega en un escenario de creciente tensión, en el que intendentes y organizaciones agropecuarias reclaman, desde hace meses, una mayor inversión en la red vial y exigen claridad sobre el uso de los recursos públicos. De acuerdo con cifras oficiales, más del 60% de los 120.000 kilómetros de caminos rurales de la provincia se encuentran en estado regular o malo.
Sin embargo, a pesar del anuncio oficial, los cuestionamientos no se detuvieron. Diversos productores y jefes comunales sostienen que los fondos distribuidos resultan insuficientes para revertir el deterioro acumulado, y además advierten sobre posibles desvíos en la ejecución de las obras.
En paralelo, el conflicto con la Nación también suma presión sobre las rutas provinciales. En febrero, el Gobierno bonaerense, junto a varios intendentes, anunció su intención de demandar a la administración nacional por el abandono de las rutas federales. El planteo se centra en el cobro de peajes que no se traduce en inversiones en infraestructura, lo que provoca una sobrecarga en los caminos de gestión provincial y municipal.
“(El presidente, Javier) Milei y (el ministro de Economía de la Nación, Luis) Caputo cobran el peaje, pero no invierten. Se la meten en el bolsillo y la timbean”, denunció el ministro de Infraestructura y actual candidato a diputado provincial, Gabriel Katopodis, al remarcar los riesgos que enfrentan diariamente las familias que deben transitar por rutas en mal estado.
Finalmente, las principales entidades del sector, encabezadas por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), apuntaron directamente contra los municipios por el uso opaco de los fondos recaudados a través de la tasa vial. Para 2025, la estimación oficial proyecta una recaudación superior a los $165.000 millones, monto que, según los cálculos, permitiría la compra de unas 800 motoniveladoras.
Productores rurales exigen caminos rurales
Las quejas por el mal estado de los caminos rurales se multiplican desde hace meses en toda la provincia de Buenos Aires. En ese marco, productores y vecinos de distintas localidades del interior bonaerense aseguran que las rutas rurales están en condiciones críticas y que la falta de mantenimiento los aísla, afecta la producción y pone en riesgo la vida cotidiana en los distritos del interior.
Frente a ese diagnóstico, el Gobierno bonaerense intenta dar señales de respuesta. El reciente reparto de fondos a los municipios de Pila y Tapalqué, destinado a la compra de materiales y maquinaria para mejorar caminos rurales, aparece como un primer paso. No obstante, los sectores afectados consideran que la medida es limitada.
En tanto, esta tensión ya se trasladó a las calles en varios municipios. En mayo pasado, más de 300 productores y vecinos de Carlos Casares se movilizaron en la plaza principal para exigir respuestas ante el abandono de la red vial. La protesta se realizó bajo el lema “La ruralidad también merece vivir con dignidad”, y apuntó directamente contra la gestión municipal.
Paralelamente, en la localidad de Henderson, un grupo de productores presentó una acción de amparo contra el municipio local. El reclamo apunta a conocer con precisión el destino de los recursos obtenidos a través de la tasa vial. “Pagamos por un servicio que no existe”, expresaron los productores, quienes aseguran que la tasa se cobra sin garantizar mejoras concretas en los caminos rurales.
