La Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, define este martes si acepta el pedido de la Argentina para mantener en suspenso el fallo por el juicio millonario derivado de las supuestas irregularidades en la reestatización de YPF. La resolución marcará el rumbo de un litigio iniciado hace una década y que enfrenta al Estado nacional con los llamados “fondos buitre”, Burford Capital y Eton Park.
El tribunal estadounidense evaluará si sostiene la orden de la jueza Loretta Preska, quien dispuso que la Argentina pague con el 51% de las acciones de YPF un monto de US$ 16.100 millones, más intereses. La demanda apunta a que, en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, no se cumplió con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de la petrolera nacional, lo que perjudicó a inversores con acciones en Nueva York.
En ese marco, los magistrados analizan tres alternativas: conceder la medida cautelar y mantener suspendido el traspaso de acciones; rechazarla y ejecutar la entrega del paquete accionario; o aceptarla pero ordenar el pago con otros activos, como bonos de mediano o largo plazo. Cada una de estas opciones tendría un impacto distinto en el futuro del litigio.
Si la Corte de Apelaciones mantiene la suspensión de la orden de Preska, quedará abierta una nueva instancia para debatir el traspaso accionario. En tanto, si la cautelar no prospera, la Argentina deberá optar entre negociar con los acreedores o incumplir el fallo, con el riesgo de entrar en desacato y sufrir embargos sobre reservas del Banco Central o activos de YPF.
Vale recordar que el origen del conflicto judicial se remonta a 2015, cuando Burford Capital compró en una subasta en España el derecho a litigar por las demandas del Grupo Petersen y de la firma Eton Park, exaccionistas de YPF que resultaron perjudicados por la decisión de suspender dividendos tras la reestatización.
En primera instacia, el Grupo Petersen había adquirido el 25% de YPF con préstamos otorgados por Repsol y un grupo de bancos internacionales. La expropiación, aprobada por ley en 2012, impidió el cobro de dividendos y provocó la quiebra del grupo, lo que derivó en la venta de sus derechos de litigio.
Por su parte, Burford Capital financió el pleito con el compromiso de quedarse con el 70% de la eventual indemnización, mientras que el 30% restante corresponde a la quiebra de Petersen y será distribuido entre sus acreedores. Según fuentes cercanas a la familia Eskenazi, los exaccionistas invirtieron US$ 100 millones de fondos propios para ingresar a la petrolera.
Frente a este escenario, la decisión que adopte la Corte de Nueva York será determinante para el futuro financiero de YPF y para las cuentas del Estado argentino, y podría sentar un precedente sobre la ejecución de sentencias contra países soberanos en tribunales de Estados Unidos.
YPF: el Gobierno busca frenar acceso a chats de exfuncionarios
En paralelo a la definición de la Corte estadounidense, el Gobierno argentino presentó un escrito ante la jueza Loretta Preska para impedir que se acceda a comunicaciones privadas de actuales y exfuncionarios en el marco del juicio por la estatización de YPF. Entre los nombres mencionados figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa.
El planteo oficial sostiene que los dispositivos desde los cuales se habrían originado los mensajes que reclama Preska, pertenecen a los funcionarios a título personal, por lo que el Estado argentino no está en condiciones de localizarlos ni de entregarlos. Por su parte, la Procuración del Tesoro advirtió que la medida interfiere con la confidencialidad y corrompe la soberanía institucional.
La solicitud se presentó después de que los llamados fondos “buitre”, Burford Capital y Eton Park, reclamaran acceso a chats, correos electrónicos y otras comunicaciones que, según su argumento, demostrarían que organismos como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina actúan como un “alter ego” del Estado. Con esa hipótesis, los demandantes buscarían habilitar el embargo de activos de esas entidades para cobrar la indemnización de US$ 16.100 millones.
Entre los funcionarios y exfuncionarios incluidos en el pedido de Preska figuran el asesor presidencial Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein. En tanto, el Gobierno nacional se mantiene firme en su posición y sostuvo que una medida de este alcance podría sentar un precedente riesgoso para el funcionamiento de las instituciones públicas en el ámbito internacional.
