El fallido operativo de seguridad durante el partido correspondiente a la Copa Sudamericana del pasado miércoles en Avellaneda, desató una fuerte disputa política entre Nación, Provincia y la CONMEBOL. Desde el Ministerio de Seguridad nacional de Patricia Bullrich señalaron que la responsabilidad recaía en el Gobierno bonaerense, mientras que la administración de Axel Kicillof trasladó las críticas hacia la organización del torneo continental.
El episodio contó con serios incidentes en las tribunas entre las parcialidades de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile que dejaron como saldo una decena de heridos, dos de gravedad. El contrapunto entre los distintos niveles de Gobierno y la confederación sudamericana de fútbol terminó de exponer la falta de coordinación previa para un evento internacional de gran magnitud.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad nacional apuntó contra la “inacción de las autoridades” de la provincia de Buenos Aires y cuestionó el operativo de seguridad dispuesto por la Policía Bonaerense y Aprevide. Según el texto, “el dispositivo presentó fallas graves que incluyeron ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”.
En el mismo sentido, el Ministerio de Patricia Bullrich señaló que “la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”. Para Nación, el fracaso del operativo evidenció “una falta total de planificación y medidas preventivas”.
El comunicado también cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por haber impulsado “una acción propagandística y electoral” con el anuncio del regreso del público visitante en el fútbol local, sin la preparación adecuada para afrontar ese cambio.
La cartera de Seguridad nacional aseguró que, como contrapartida, las fuerzas federales cumplieron con sus funciones. En ese marco, se destacó que la Gendarmería Nacional requisó micros de la hinchada visitante en el ingreso al país, el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes con admisiones y capturas, e incluso se impidió el ingreso de Juan “El Gordo Juani” Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente.
El gobierno de Kicillof se desligó de los incidentes en la Copa Sudamericana
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce de las críticas y defendió el rol de la Policía Bonaerense en el operativo, al tiempo que responsabilizó directamente a la Conmebol y a la dirigencia de Independiente por los graves hechos de violencia ocurridos en el estadio.
Alonso sostuvo que desde la Provincia se había pedido suspender el encuentro, pero que ni el club ni la organización hicieron lugar a la advertencia. “Si el partido se suspendía en el primer tiempo, no hubiese pasado nada de lo que pasó”, aseguró.
El Ministro también apuntó contra el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, exintendente de Lanús y dirigente del PRO, y contra el diputado nacional, Cristian Ritondo, hoy aliado de La Libertad Avanza. Además, resaltó que la responsabilidad adentro del estadio era de la seguridad privada, que no logró contener a los violentos ni evitar los destrozos.
“La prioridad fue rescatar a quienes quedaron atrapados y garantizar la seguridad de las familias, mujeres y niños que estaban en la tribuna. Nunca íbamos a reprimir con gases o balas de goma en ese contexto”, afirmó Alonso, al tiempo que calificó lo ocurrido como “un hecho de incivilidad impresionante” que puso en evidencia fallas estructurales en la organización del evento deportivo.
