Este lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió que la Justicia investigue al ministro de Defensa, Luis Petri, por la firma de un contrato de 50.000 millones de pesos entre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la droguería Suizo Argentina S.A., empresa vinculada al escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En este contexto, el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que “hechos graves de corrupción están a punto de hacer colapsar a una de las obras sociales más grandes del país”, y sostuvo que el contrato, que se renueva cada seis meses por $25.000 millones, se firmó cuando IOSFA contaba con reservas por ese mismo monto, que luego fueron consumidas sin que se repusieran los medicamentos a los afiliados.
En tanto, Aguiar aseguró que las prestaciones están cortadas, que los hospitales militares están desabastecidos y que el organismo, bajo la gestión de su actual gerente general Sergio Maldonado, pasa de tener un superávit de 25.000 millones de pesos al asumir Petri a acumular un déficit superior a los 160.000 millones.
“El accionar del ministro de Defensa y el millonario contrato firmado con la droguería Suizo Argentina tienen que ser investigados”, enfatizó el titular de ATE, al tiempo que consideró que esta situación evidencia una representación del Gobierno “fraudulenta”, y pidió que la Justicia intervenga.
Es que, el sindicato alertó que el convenio entre la cartera encabezada por Petri y Suizo Argentina no solo afecta a los afiliados, sino que pone en riesgo la estabilidad institucional de IOSFA, tercera obra social más grande del país con más de 650.000 afiliados. Además de la falta de insumos médicos críticos como insulina u oncológicos, se registran prestaciones interrumpidas y graves falencias en los hospitales militares.
Para ATE, la contratación de una empresa ya implicada en un escándalo de coimas en discapacidad no es accidental, por lo que exige profundizar la investigación en medio de un caso judicial abierto por los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que menciona retornos dinerarios involucrando a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, tras allanamientos que dejaron incautaciones millonarias al socio de Suizo Argentina.
Asimismo, el titular de ATE subrayó que cuando Petri asumió como ministro, IOSFA estaba en condiciones financieras sanas, mientras que la crítica situación actual es producto de decisiones tomadas bajo su conducción, lo que configura no solo una crisis financiera, sino también un daño directo a los beneficiarios y trabajadores del sistema.
“La representación de este Gobierno es fraudulenta. Nos dijeron que venían a terminar con los curros y a la obra social la están saqueando. Están cortadas todas las prestaciones. Cuando llegaron a la gestión IOSFA tenía superávit y la hicieron pelota”, escribió el titular de ATE en sus redes sociales.
Es que, la denuncia de ATE solicita que la Justicia federal no solo investigue la legitimidad del contrato entre la obra social estatal y Suizo Argentina, sino también la cadena de responsabilidades desde el Ejecutivo, y contempla la posibilidad de una recusación institucional si no se avanza con transparencia y rigor jurídico.
Coimas en discapacidad: el origen del pedido de ATE
Es preciso mencionar que, el origen de la exigencia de ATE de investigar a Petri se vincula a los audios filtrados la semana pasada del exdirector de ANDIS, donde se escucha que habría exigido un retorno del 8% a la droguería Suizo Argentina por compras de medicamentos en el programa Incluir Salud, incluyendo presuntas coimas destinadas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La Justicia federal, con el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a cargo, procesó varios allanamientos en ANDIS, en Suizo Argentina y en domicilios de funcionarios. En uno de los procedimientos, se incautaron 266.000 dólares y 7 millones de pesos de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería.
Es que, Suizo Argentina acumuló en menos de dos años más de 100 mil millones de pesos en contratos estatales, no solo con ANDIS e IOSFA, sino también con los ministerios de Salud y Seguridad, de acuerdo a denuncias difundidas. El escándalo generó movilización de organizaciones sociales, de discapacidad y sectores sindicales, que denunciaron el vaciamiento del sistema, la desprotección institucional y el vaciamiento de prestaciones críticas para personas vulnerables.
Por eso, ATE instó al Congreso a intervenir mediante una comisión investigadora, para alcanzar verdad y justicia, y evitar que el entramado de corrupción se consolide como práctica recurrente en organismos estatales clave del sistema de protección social.
