La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Universidad de Miami dejó abierta la posibilidad de una visita al país, en respuesta a las denuncias de la prensa expuestas en la última audiencia y al interés del organismo por ampliar el seguimiento sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina.
Durante más de dos horas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y reporteros gráficos presentaron denuncias este jueves sobre un incremento de agresiones, hostigamiento y restricciones al trabajo de la prensa desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.
La audiencia fue concedida de manera unificada a partir de solicitudes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), e incorporó a entidades como Amnistía Internacional, sindicatos de prensa y referentes individuales como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta.
Las organizaciones buscaron actualizar el diagnóstico sobre el ejercicio periodístico en un contexto que ya había sido advertido en el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En tanto que, el Estado argentino rechazó esos planteos y sostuvo que no existe un deterioro estructural.
En concreto, el presidente de la CIDH, José Luis Caballero, manifestó el interés del organismo en realizar una visita formal a la Argentina para profundizar el seguimiento de la situación, luego de que organizaciones solicitaran monitoreo y una misión del Relator Especial, un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024, la creación de un observatorio permanente sobre libertad de expresión y un protocolo para garantizar litigios sin costos en materia de acceso a la información pública.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, señaló que las denuncias no remiten a episodios individuales sino a una “tendencia preocupante”, mientras que el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que las palabras de un gobernante “no son una voz cualquiera” y pueden generar riesgos para la prensa.
La CIDH valoró la información presentada y recordó antecedentes recientes en los que el organismo advirtió sobre riesgos para la libertad de expresión en distintos países de la región. La posibilidad de una misión oficial quedó sujeta a la respuesta del Estado argentino y a futuras instancias de diálogo con las organizaciones peticionantes.
En representación del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, negó que existan medidas regresivas y sostuvo que los episodios denunciados son “hechos aislados”. El funcionario, firmó que la actividad periodística “está protegida”, que no hay persecución deliberada y defendió la realización de conferencias de prensa.
Lo que dijo la prensa que desató la posible visita de la CIDH
Durante su exposición, la presidenta de FOPEA, Paula Moreno, señaló un “deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico” y enumeró tres ejes principales: el incremento de ataques, especialmente violencia digital y hostigamiento desde autoridades; el uso de acciones judiciales con fines intimidatorios; y la violencia física contra periodistas durante manifestaciones.
En este sentido, según el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2024 se registraron 179 ataques, un 53% más que en 2023 y un 103% más que en 2022, mientras que en lo que va de 2025, indicó, ya se alcanzaron 257 casos, superando el récord de 2013.
En tanto que, el vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacquelin, destacó la “deshumanización” de la prensa a través de descalificaciones públicas y señaló la falta de funcionamiento de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Mengolini denunció ante la CIDH campañas de hostigamiento amplificadas desde las redes oficiales y afirmó que “el Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odio”. En la misma línea, Hugo Alconada Mon describió amenazas, hackeos e intimidaciones, luego de revelar un plan de espionaje interno.
Los sindicatos SiPreBA, FATPREN y la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) advirtieron una mayor “normalización” del uso de gases y ataques directos contra trabajadores de prensa en manifestaciones. Tomás Cuesta relató el caso del fotógrafo, Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una granada policial en una marcha de jubilados.
