En diciembre de 2017 Eduardo “Bali” Bucca renunciaba a su cargo de intendente de Bolívar para asumir en el Senado bonaerense y en su lugar dejaba a Marcos Pisano. Casi una década después, la sociedad peronista vuelve a recurrir a la vieja maniobra para intercambiar roles en la estructura de poder municipal y provincial.
Durante la última década, Bucca y Pisano se fueron alternando el control político y la administración de Bolívar a través de un esquema de sucesión interna que consolidó su liderazgo local. Bucca gobernó como intendente entre 2011 y 2019, y al dar el salto a la política provincial dejó el mando en manos de Pisano, su delfín político, quien fue elegido intendente en 2017 y reelecto en 2023.
Los cambios de timón siguieron en 2023, cuando Bucca regresó al ámbito municipal encabezando la lista de concejales, aunque luego permaneció con licencia, mientras Pisano ocupaba la intendencia. Finalmente, este año volvieron a intercambiar roles: Pisano asumió como senador provincial por la Séptima sección y dejó la jefatura comunal nuevamente en manos de Bucca, completando así un ciclo de enroques que les permitió sostener el control del municipio durante más de diez años.
Sin embargo, el exintendente Pisano, que el 8 de diciembre asumió como senador provincial, dejó la jefatura en una maniobra que reconfigura el mapa de poder local y deja al descubierto un vacío legal sin precedentes. A contramano de lo que suele ocurrir, renunció a la intendencia en lugar de solicitar licencia. Pero el cese en sus funciones tomó validez recién este miércoles, dos días después de asumir su banca.
A partir de ese movimiento, la transición quedó atada a la asunción del primer concejal de la lista que llevó a Pisano a la reelección en 2023: Eduardo Bucca. El problema es que la jura fue programada para la noche del 10 de diciembre, luego de la sesión preparatoria del Concejo Deliberante.
Así, entre el momento en que la renuncia de Pisano adquiere vigencia y la asunción formal de Bucca, Bolívar enfrentó una situación inédita: por varias horas, el municipio no tuvo intendente en funciones. No hubo firma autorizada para expedientes, ni responsable para decisiones de urgencia, en un claro vacío institucional que desacomoda los tiempos administrativos y expone la improvisación política.
Bucca y Pisano dejaron acéfala la intendencia de Bolívar
La legislación provincial no deja margen para interpretaciones. El artículo 7° inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece la incompatibilidad absoluta entre ejercer la intendencia y ocupar un cargo legislativo provincial. Desde el momento mismo en que Pisano asumió como senador, dejó de estar habilitado para continuar desempeñando la función ejecutiva. La transición, por lo tanto, debió haberse resuelto con un pedido de licencia que nunca llegó.
El Concejo Deliberante de Bolívar tampoco convocó a una sesión extraordinaria para autorizar esa licencia, que habría permitido evitar el vacío institucional. No hubo solicitud del Ejecutivo saliente, ni tratamiento legislativo, ni un encuadre preventivo del recambio. El resultado es una situación que, aunque limitada en el tiempo, genera incertidumbre política y administrativa.
En este sentido, el enroque entre Bucca y Pisano acentúa la percepción de que el sistema político local funciona en clave de hermetismo, donde los movimientos no se explican por criterios institucionales sino por necesidades internas del espacio político que gobierna desde hace más de una década en Bolívar. El vacío institucional de los últimos días no es una anécdota: es la consecuencia directa de una decisión política.
La pregunta que quedó flotando es quién gobernaba Bolívar durante las horas críticas del 10 de diciembre. Legalmente, la respuesta es nadie: no hubo intendente en funciones. Políticamente, la situación vuelve a poner el foco en la falta de previsión institucional y en la voluntad de priorizar la ingeniería partidaria por encima de los mecanismos formales que ordenan la vida administrativa de un municipio.
Si algo deja expuesto este episodio es que cuando los tiempos de la política se imponen sobre los de la ley, la institucionalidad queda en segundo plano y el Estado se convierte en rehén de decisiones tomadas en clave interna. En ese cortocircuito, los que terminan pagando los costos no son los dirigentes, sino los vecinos, que merecen un gobierno que respete las reglas y garantice continuidad institucional democrática.
