En las últimas horas, el Gobierno nacional encendió una señal de alerta en el Senado ante el riesgo de que un artículo clave del Presupuesto 2026 complique su aprobación definitiva, luego de detectar resistencias en sectores dialoguistas de la Cámara alta, especialmente en la Unión Cívica Radical (UCR), frente al capítulo que anuncia un inminente recorte de gastos vinculado a fondos educativos que ya había superado el filtro de Diputados, pero que ahora amenaza con abrir una grieta decisiva en la votación en particular.
A la espera de una sesión convocada para el mediodía de este viernes, el oficialismo senatorial observa con preocupación la posible negativa a acompañar el artículo 30 del proyecto, una cláusula que propone derogar garantías de financiamiento mínimo en áreas sensibles como educación, ciencia y tecnología, educación técnica y defensa, y que podría convertirse en el punto de apoyo para que la oposición fuerce el rechazo del Presupuesto 2026 y obligue al Ejecutivo a prorrogar nuevamente la ley de gastos vigente desde 2023.
Es preciso mencionar que, la situación en el Senado representa un giro inesperado para la Casa Rosada, ya que el Presupuesto había pasado de ser una norma compleja pero abordable de aprobar, a transformarse en un foco de tensión política, luego del traspié sufrido en Diputados cuando el oficialismo no logró sostener un capítulo que, al combinar distintos artículos y concesiones de último momento, terminó por dinamitar la derogación de la emergencia en discapacidad y el blindaje de los presupuestos universitarios.
Tras ese revés, desde el Gobierno circularon versiones contradictorias sobre el futuro del proyecto, aunque la calma llegó de manera parcial cuando se resolvió dictaminar la reforma laboral y postergar su tratamiento hasta febrero, siempre y cuando el Ejecutivo vuelva a convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, la oposición dialoguista dejó en claro a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, que tanto el Presupuesto 2026 como el proyecto de inocencia fiscal debían ser sancionados sin cambios respecto de lo aprobado en Diputados, una postura que volvió a ratificarse anteayer durante un nuevo sondeo realizado por la exministra de Seguridad a través de una reunión virtual.
Lo que pasó inadvertido para quienes impulsaron el artículo cuestionado es la composición y la historia política del Senado, donde existen legisladores radicales con un fuerte vínculo con el sistema educativo, como Maximiliano Abad, senador por la provincia de Buenos Aires y expresidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), o Flavio Fama, exrector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), perfiles que difícilmente acompañen una eliminación de pisos de financiamiento que ellos mismos defendieron en otras etapas de su trayectoria.
En tanto, el artículo 30 no se limita a un solo aspecto, sino que propone derogar varios ítems centrales de leyes vigentes, entre ellos los vinculados al Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Educación Técnico Profesional y al Fondo Nacional de la Defensa, una combinación que ya había generado, semanas atrás, fuertes quejas de gobernadores, universidades y sectores productivos del interior del país que dependen de esos recursos para sostener programas y obras.
En el caso de educación, la norma que el Gobierno busca dejar sin efecto establece que el Estado debe garantizar un financiamiento no inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PBI) destinado exclusivamente al sistema educativo nacional, una meta consolidada tras el cumplimiento de la Ley 26.075 y que involucra tanto al Estado nacional como a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Para ciencia y tecnología, el esquema es similar aunque con porcentajes menores, mientras que en educación técnica se fija un fondo específico equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto consolidado, adicional a otros programas de inversión escolar.
A ese paquete se suma el Fondo Nacional de la Defensa, cuya integración prevé porcentajes crecientes de los ingresos corrientes del Estado hasta alcanzar un piso del 0,8% del presupuesto anual, un esquema que implica un desafío adicional para la nueva conducción del área y que, en el marco del debate actual, quedó incluido dentro del recorte general propuesto por el oficialismo, ampliando el arco de actores potencialmente afectados.
Desde el punto de vista numérico, el Gobierno parte de una base ajustada pero, en principio, suficiente, con el respaldo de 21 senadores de La Libertad Avanza, a la espera de que jure el rionegrino Enzo Fullone al inicio de la sesión, 10 radicales, tres del PRO y un puñado de representantes provinciales, lo que totaliza 44 voluntades teóricas. No obstante, no todos esos votos están garantizados, y la incógnita central es cuántos legisladores podrían desmarcarse específicamente en la votación del artículo 30, un escenario que obligaría a la administración de Javier Milei recalcular toda la estrategia.
Por su parte, el kirchnerismo, consciente de esa fragilidad, comenzó a moverse con rapidez y eligió a Jorge Capitanich como posible miembro informante de la bancada para rechazar el Presupuesto 2026, al tiempo que recibió en el Congreso a estudiantes de escuelas técnicas, en una señal política destinada a reforzar el costo simbólico de avanzar con la derogación de los fondos educativos y a presionar sobre los senadores indecisos.
En este sentido, si el artículo 30 cayera en una votación particular, el escenario sería crítico para la Casa Rosada, ya que la caída de un componente central del proyecto obligaría a levantar la sesión y dejar sin sanción definitiva la ley de gastos, profundizando un ciclo de prórrogas presupuestarias que el propio Gobierno busca cerrar. Mientras tanto, continúan los llamados desde Balcarce 50 a los bloques dialoguistas y las negociaciones de último momento, en una antesala cargada de incertidumbre que mantiene en vilo al oficialismo.
Presupuesto 2026: el Gobierno descartó vetarlo si se aprueba con modificaciones
En las últimas horas, el Ejecutivo de Milei confirmó que no vetará el Presupuesto, pese a que Diputados eliminó el Capítulo XI del proyecto original, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. El presidente aseguró que el Gobierno “acomodará” partidas para sostener el objetivo de déficit cero, definido como una prioridad de su administración.
Durante una entrevista televisiva, el mandatario destacó el recorrido parlamentario del proyecto y enumeró las instancias superadas para lograr su aprobación en general. En ese sentido, Milei descartó cualquier veto y ratificó que la estrategia oficial será reordenar el gasto sin aumentar impuestos, aún con los cambios introducidos por la Cámara baja.
Cabe mencionar que, la agenda legislativa de las extraordinarias también incluye la Ley de Inocencia Fiscal, que modifica el Régimen Penal Tributario, los Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un régimen simplificado de Ganancias. El proyecto será debatido el mismo viernes 26 y constituye una de las piezas centrales del paquete económico del Ejecutivo.
En cambio, la reforma de Modernización Laboral quedó postergada para el próximo año. La decisión fue comunicada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien confirmó que el tratamiento se retomará el 10 de febrero, luego de que el proyecto obtuviera dictamen de mayoría en comisión.
