El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con una profunda reforma del Sistema de Inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), generó una fuerte alarma política en el Congreso. Desde la oposición, distintos bloques advirtieron que la iniciativa de Javier Milei, abre la puerta a un “Estado policial” y legaliza prácticas de espionaje interno a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Los cuestionamientos se concentran en el DNU 941/2025, que redefine el funcionamiento del Sistema de Inteligencia y amplía de manera significativa las facultades de la SIDE, por lo que un amplio abanico de la oposición reclamó la inmediata conformación de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para analizar la validez del decreto de Milei.
En ese sentido, desde el interbloque Unidos (conformado por la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal) rechazaron el decreto, al advertir que la redacción ambigua del DNU habilita intervenciones de la SIDE sin parámetros claros, lo que podría derivar en prácticas de espionaje político y persecución de opositores y trabajadores.
“El DNU declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener “carácter encubierto”, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario. Además, extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia”, puntualizaron desde el interbloque, a través de un comunicado.
En detalle, el diputado lilito, Maximiliano Ferraro cuestionó que la norma haya sido publicada “entre gallos, pirotecnia y medianoche” y alertó que convierte a todos los ciudadanos en “espiados y sospechados”. Además, remarcó que la reforma modifica cerca de treinta artículos de la Ley de Inteligencia, sin ningún tipo de debate parlamentario previo.
En ese marco, los diputados del interbloque Unidos elevaron este viernes un reclamo a los titulares de ambas Cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para “la urgente regularización y conformación” de la comisión Bicameral permanente de Trámite Legislativo y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Los legisladores nacionales solicitaron que, una ver que el Gobierno remita el DNU, el Congreso le dé giro inmediato a las comisiones para su correspondiente evaluación. En particular, “a fin de que se expida sobre la validez del decreto dentro del plazo de los 10 hábiles fijado por la Ley 26.122”.
En tanto, la bancada nacional de Fuerza Patria en la Cámara baja presentó minutos después el mismo proyecto para solicitar la conformación de ambas comisiones bicamerales. En esa línea el diputado Leopoldo Moreau sostuvo que el decreto “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea, en los hechos, una policía secreta sin controles efectivos.
Además, el exministro de Defensa y actual legislador por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, advirtió que la eliminación de los mecanismos de control sobre la inteligencia militar apunta a otorgar a las Fuerzas Armadas un rol impropio en tareas de seguridad interior.
Ambos dirigentes peronistas coincidieron en que el nuevo esquema rompe los límites establecidos por la legislación vigente y habilita una interpretación amplia de las amenazas a la seguridad nacional. Para esos sectores, el decreto desdibuja la frontera entre defensa e inteligencia interior, al tiempo que debilita los controles democráticos sobre áreas sensibles del Estado.
Milei modificó la Ley de Inteligencia y reforzó el poder de la SIDE
El presidente Javier Milei oficializó una profunda reforma del Sistema de Inteligencia, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional. La norma centralizó la conducción estratégica en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y redefinió la estructura general del esquema vigente.
El decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, dispuso que la SIDE concentre la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de ordenar competencias y evitar superposiciones entre organismos. Según el Ejecutivo libertario, la reorganización apunta a fortalecer los controles internos y adecuar el sistema frente a amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.
Entre los principales cambios, la normativa creó la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integrará a los organismos de inteligencia del Estado, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales, junto a otros organismos con funciones afines. En paralelo, el decreto estableció la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que incorporará a distintos ministerios y entes públicos al análisis estratégico, sin atribuciones de inteligencia propias.
Finalmente, la reforma también separó formalmente las funciones de ciberseguridad y ciberinteligencia, con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad y la redefinición de organismos existentes. En tanto, el decreto estableció que la SIDE será el órgano superior del sistema, con facultades para aprobar presupuestos y controlar gastos reservados.
