Legisladores bonaerenses del bloque del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U) salieron en las últimas horas a presionar para que el Congreso de la Nación anule el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia Nacional, y modifica de manera sustancial el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
La norma dispone, entre otros puntos, que la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, redefina sus funciones para orientarlas a la identificación y análisis preventivo de amenazas, al mismo tiempo que habilita que todas las actividades revistan carácter encubierto por su “sensibilidad estratégica”.
Asimismo, la normativa amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público. Así, los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en las sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, y que concentrará además la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados.
En ese marco, el diputado bonaerense del FIT-U, Christian “Chipi” Castillo, reclamo que el nuevo decreto sea anulado por el Congreso nacional, tras advertir que la reestructuración implica “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas, y en la legalización de un Estado policial”.
En la misma línea, su correligionaria, Mónica Schlotthauer, señaló que en el articulo 19 del decreto, la administración mileísta autoriza a la SIDE a espiar y encarcelar a los que consideren peligrosos, permitiendo así que, civiles persigan, procesen y encarcelen a quienes luchan en contra de los negociados y el saqueo capitalista.
“Mientras liberan a feroces genocidas como Kalinec, encargado de inyectar somníferos a detenidos para tirarlos vivos al mar; o a Jorge Acosta, responsable de 450 asesinatos en el centro clandestino La Perla, Milei aumenta la criminalización de los que luchamos en defensa del agua, la educación, el trabajo y todos los derechos de la clase trabajadora”, escribió Mónica Schlotthauer, en sus redes sociales.
Además, la diputada bonaerense señaló: “A su vez, siguen recortando presupuestos necesarios para garantizara todos los derechos sociales, destinando esa plata a reformar un sistema de ´inteligencia estatal´ que solo sirve para defender un modelo de país en el que el FMI y los grandes capitalistas salen ganando”. “Basta de criminalizar a los que luchan, no al FMI, plata para todos nuestros derechos y no para perseguir a los luchadores”, concluyó.
Es preciso señalar que, tal como lo establece la legislación vigente, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez, mientras tanto, el Gobierno avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001, con el argumento de mejorar la eficiencia, la coordinación y el control democrático del esquema.
Milei modificó la Ley de Inteligencia y reforzó el poder de la SIDE: los puntos más polémicos
Uno de los ejes centrales de la norma es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito interinstitucional permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), áreas de inteligencia de las fuerzas armadas, policiales, de seguridad federales, y otros organismos del Estado con competencias afines.
De esta manera, el nuevo espacio funcionará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo de coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica. El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de actuar con rapidez y recurrió al mecanismo constitucional del DNU ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario.
En paralelo, el decreto crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán información relevante para el análisis estratégico nacional con el apoyo de organismos públicos, entre los que figuran los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Seguridad Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas, entre otros.
Otro cambio clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos.
Además, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasará a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, enfocada exclusivamente en la producción de inteligencia en el dominio digital. El decreto también introduce una definición explícita de la contrainteligencia dentro de la ley, incorporando un nuevo artículo que establece la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de los titulares de cada organismo.
A su vez, la norma establece el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema.
En cuanto a los controles internos, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos, la eficacia operativa y la integración funcional de los organismos que integran el sistema.
La reforma también refuerza el poder de conducción de la SIDE, que será el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos de inteligencia, incluidos los gastos reservados, y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados.
Sin embargo, entre los puntos más polémicos, el DNU habilita además de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.
