El Ministerio de Seguridad Nacional informó este martes una caída histórica en los índices de criminalidad durante el 2025. La cartera que lidera Alejandra Monteoliva, confirmó que la tasa de homicidios descendió a 3,7 muertes cada 100 mil habitantes, y que los robos simples y agravados registraron una baja del 20,8% en comparación con 2024.
La ministra Monteoliva presentó los datos en una conferencia de prensa en la sede del organismo que conduce, donde explicó que el registro preliminar surge de estadísticas oficiales, al tiempo que anticipó que el informe definitivo del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) se conocerá en el mes de marzo.
En ese marco, la funcionaria señaló que al inicio de la actual conducción libertaria, la tasa de homicidios alcanzaba los 4,4 casos cada 100 mil habitantes y que desde entonces, la tendencia mostró un descenso sostenido. “El año 2025 cerró con una tasa de 3,7 homicidios cada 100 mil habitantes”, afirmó la ministra. “Si comparamos desde 2023 a la fecha, son 342 vidas que no se perdieron, y ese dato resulta central porque cada vida cuenta”, agregó Monteoliva.
Las autoridades nacionales precisaron que la baja interanual de homicidios alcanzó el 5,6% y que la reducción acumulada en dos años llegó al 17%. En tanto, los registros indicaron que los casos pasaron de 2.047 en el 2023, a 1.705 en 2025, el valor más bajo de la serie histórica desde comienzos de los años 2000 por segundo año consecutivo.
Ante este panorama, los funcionarios de la cartera de Seguridad atribuyeron gran parte del descenso a la implementación del Plan 90-10. Según los datos oficiales, el 70% de la reducción de homicidios se concentró en las jurisdicciones alcanzadas por ese esquema, lo que redujo el área donde se concentra el 90% de los casos, que pasó de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025.
Además, la ministra nacional destacó los resultados del Plan Bandera, que opera en la ciudad de Rosario con refuerzo de fuerzas federales, y afirmó que los homicidios en las zonas intervenidas bajaron un 22% respecto del 2024. Sobre este punto, Monteoliva sostuvo que el acumulado de los dos primeros años de aplicación del programa, que diseñó Bullrich durante su paso por el Ejecutivo, mostró una caída del 70% en los asesinatos.
En materia de robos, el informe preliminar también consignó una fuerte baja en los delitos simples y agravados durante 2025. La tasa anual se ubicó en 798 hechos cada 100 mil habitantes, frente a los 1.007 de 2024 y los 996 de 2023, lo que arrojó una variación negativa del 20,8%, según los datos recopilados.
“El segundo indicador que muestra un valor histórico es la reducción de los robos simples y agravados”, sostuvo Monteoliva durante la conferencia. Frente a este escenario, la ministra de Javier Milei concluyó que el descenso resultó homogéneo en todas las jurisdicciones y destacó que el nivel alcanzado se asemeja al de 2020, aunque en un contexto de circulación plena y actividad económica normal.
El Ministerio de Seguridad avanzó con un comando especial ante los episodios de violencia en San Luis
En línea con los últimos datos oficiales que muestran una baja sostenida en los índices de criminalidad, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó con nuevas medidas de control territorial en las provincias. En ese marco, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva dispuso la creación del Comando Unificado San Luis, con el fin de contener la escalada delictiva en el sur del distrito provincial.
La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por la ministra Monteoliva y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El escrito advirtió que los hechos ocurridos pusieron “en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes”, lo que motivó una intervención inmediata con fuerzas federales y provinciales, bajo una estructura operativa conjunta.
Según lo establecido, el comando funcionará como un centro de operaciones integrado por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la policía provincial y la Secretaría de Seguridad Nacional. El operativo tendrá una vigencia inicial de 180 días y contará con representantes de cada fuerza con capacidad de decisión operativa, y posibilidad de prórroga según la evolución de la situación.
Por último, la resolución también prevé la coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y de San Luis para fortalecer el intercambio de información y las investigaciones judiciales. Además, la intervención se inscribe en un contexto de reclamos previos por el aumento de delitos rurales, como el abigeato y la faena clandestina, que habían generado pedidos de respuestas urgentes al Gobierno provincial.
