Este lunes, el Gobierno nacional de Javier Milei autorizó un aumento del 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026, una actualización que alcanza a todo el sistema previsional y que se definió en función de la inflación registrada en diciembre del año pasado, por lo que el ajuste impactará de manera directa en los haberes de millones de beneficiarios y actualizará otros parámetros centrales del esquema vigente.
Es preciso mencionar que, la medida quedó formalizada mediante una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se estableció no solo el porcentaje de incremento mensual sino también los nuevos valores del haber mínimo y máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el marco del esquema de movilidad que rige desde mediados de 2024 y que dispone ajustes automáticos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos (INDEC).
De acuerdo con la Resolución 21/2026, el haber mínimo garantizado pasará a ubicarse en $359.254,35 desde febrero, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.417.441,63, lo que implica una actualización uniforme para jubilaciones y pensiones contributivas, así como para el conjunto de prestaciones que integran el sistema previsional nacional, sin distinciones por régimen o modalidad de acceso al beneficio.
En tanto, la resolución que lleva la firma del titular de la ANSES, Fernando Omar Bearzi, también definió los nuevos montos de prestaciones clave que forman parte del esquema jubilatorio, entre ellas la Prestación Básica Universal (PBU), que se fijó en $164.342,47 a partir del segundo mes del año, un componente que integra el haber de quienes accedieron al beneficio jubilatorio bajo el régimen general y que se actualiza en línea con la movilidad mensual establecida por la normativa vigente.
En el mismo sentido, la ANSES actualizó el valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse, la cual quedó establecida en $287.403,48 desde febrero, manteniendo así la relación del 80% respecto del haber mínimo del sistema, tal como lo prevé la legislación actual para este tipo de prestación no contributiva.
Al mismo tiempo, la normativa publicada en el Boletín Oficial incluyó precisiones técnicas vinculadas al cálculo de los haberes iniciales para quienes cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero de 2026 o para aquellos trabajadores que, encontrándose en situación de compatibilidad entre empleo y jubilación, soliciten el beneficio desde el 1° de febrero, ya que en esos casos las remuneraciones históricas se actualizarán mediante los índices establecidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.
Según detalla la resolución, este mecanismo de actualización de las remuneraciones tiene como objetivo “reflejar de manera más precisa la evolución de los salarios al momento de determinar el haber inicial”, con la aplicación de coeficientes previamente definidos que permiten homogeneizar los ingresos computables y garantizar que el cálculo del beneficio se realice conforme a los parámetros vigentes del sistema previsional.
De esta manera, el incremento del 2,85% autorizado para febrero se inscribe en el esquema de movilidad previsional que comenzó a regir a mediados de 2024, cuando se dispuso que los haberes se ajusten de forma mensual en función del IPC nacional con un rezago de dos meses, por lo que cada actualización responde de manera directa a la inflación registrada en el período previo, en este caso diciembre de 2025.
El Gobierno recortó más de $16 billones en jubilaciones desde su asunción
Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobierno de Milei consolidó un recorte acumulado de más de 16,5 billones de pesos sobre jubilaciones y pensiones, una decisión que se convirtió en uno de los pilares centrales para sostener el superávit fiscal que exhibe la Casa Rosada, y que tuvo como contracara una fuerte caída del poder adquisitivo de los haberes previsionales, con un impacto directo sobre millones de personas mayores que hoy enfrentan condiciones de vida cada vez más críticas.
Es que, en los últimos dos años las jubilaciones no lograron recuperar lo perdido y, por el contrario, profundizaron un deterioro que se arrastra mes a mes. Según estimaciones del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), cada jubilado perdió en promedio casi 5 millones de pesos en términos acumulados, una cifra que grafica la magnitud del ajuste aplicado sobre el sector previsional.
En términos macroeconómicos, el recorte total asciende a 16,5 billones de pesos, un “ahorro” que explica buena parte del equilibrio fiscal alcanzado por la administración de Milei. En paralelo, el haber medio quedó 23% por debajo del nivel registrado en 2023, mientras que la jubilación mínima apenas alcanza a cubrir un tercio del costo real de la canasta básica para personas mayores.
Es preciso mencionar que, el deterioro de las jubilaciones no responde a una coyuntura transitoria, sino que se consolidó a partir de decisiones normativas que fijaron un nuevo techo para los haberes, como el cambio de la fórmula de movilidad, implementado mediante el DNU 274/2024, que ató las jubilaciones exclusivamente a la inflación y dejó atrás el esquema anterior que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación.
