El diputado bonaerense, Diego Garciarena, mantuvo una reunión de trabajo con la concejal de Zárate, María Gallea y con el titular del Consejo Superior del Colegio de Odontólogos bonaerense, Diego Biscioni, para avanzar en una agenda legislativa vinculada al sector. El encuentro puso el foco en una posible reforma previsional que los profesionales de la odontología buscan motorizar en la provincia de Buenos Aires y que recibió el apoyo del legislador correligionario.
El dirigente provincial detalló que durante la reunión analizaron modificaciones a la Ley Provincial N°12.754, que regula el Colegio de Odontólogos, y también a la Ley N°8.119, que establece el régimen de la Caja de Seguridad Social. En particular, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal explicó que la propuesta apunta a incorporar la figura de la jubilación parcial en la provincia de Buenos Aires.
Sobre este punto, el representante de la Quinta sección afirmó que la iniciativa habilitará a los odontólogos bonaerenses a percibir el haber jubilatorio sin dejar el ejercicio profesional, un reclamo histórico del sector sanitario. Según precisó Garciarena, el esquema requerirá edad y aportes cumplidos, mantendrá la matrícula activa y preservará la sustentabilidad del sistema previsional.
Bajo esa premisa, el referente radical anticipó que también convocará a las autoridades de la Caja de Seguridad Social para evaluar la viabilidad técnica y financiera de las modificaciones. En ese sentido, el legislador afirmó que el diálogo con los organismos involucrados permitirá consolidar un proyecto con respaldo institucional.
Por último, el dirigente “boina blanca” afirmó que uno de sus principales desafíos parlamentarios radica en actualizar la normativa vigente para brindar respuestas concretas a los profesionales bonaerenses, al tiempo que ratificó su compromiso con la realidad que atraviesan los odontólogos de la provincia de Buenos Aires.
Vale recordar que, el acercamiento entre legisladores y representantes de los odontólogos no es reciente. El 5 de septiembre de 2024, afiliados de la Fundación Cobertura Médica Integral (COMEI), dependiente de la Caja de Odontólogos provincial, se manifestaron frente al Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense para rechazar un proyecto que proponía eliminar la obligatoriedad de los aportes a esa obra social.
La iniciativa, impulsada por el diputado Ricardo Lissalde, fue tratada ese mismo día en la comisión de Colegios Profesionales. El texto planteaba que los afiliados pudieran optar libremente por otra prestataria, bajo el argumento de que algunos profesionales no utilizaban el servicio.
En el marco de la protesta, el secretario general de la Caja de Odontólogos, Walter Girolano, defendió el carácter solidario del sistema. “El COMEI es un sistema solidario que tiene 50 años de vida y, como todo sistema solidario, es obligatorio. Una optatividad va a traer aparejada una desfinanciación del sistema”, expresó entonces, al advertir sobre el impacto financiero que podría generar la reforma.
Girolano también señaló que la eventual eliminación de la obligatoriedad pondría en riesgo coberturas sensibles, como tratamientos para personas con discapacidad, enfermedades crónicas o fertilidad. “¿Qué hacemos si se desfinancia? Ya está comprobado que va a pasar, están los estudios hechos por actuarios”, afirmó el referente de los odontólogos bonaerenses, al sostener que la posición de la Caja se apoyaba en informes técnicos.
Con este antecedente, la actual agenda de trabajo impulsada por Garciarena se inscribe en una relación previa entre la Legislatura y los odontólogos bonaerenses, marcada por discusiones en torno a la seguridad social y al financiamiento de sus instituciones. El legislador radical reafirmó su compromiso de actualizar la normativa vigente para brindar respuestas concretas a los profesionales del sector, en un marco de diálogo con los organismos involucrados.
Garciarena reactiva la pelea por el Tribunal Fiscal y expone la demora del Ejecutivo
Garciarena presentó un proyecto para suspender los plazos procesales en el Tribunal Fiscal de Apelación desde el 1° de octubre de 2025 hasta que el organismo quede plenamente integrado. El legislador apuntó contra la demora del Ejecutivo de Axel Kicillof, en completar la jura de los vocales que la Legislatura aprobó en diciembre pasado.
En primer lugar, Garciarena fundamentó la iniciativa en la “imposibilidad material de funcionamiento” del organismo y advirtió que la falta de integración mínima impide dictar resoluciones válidas. El dirigente correligionario sostuvo que mantener el cómputo de plazos en ese contexto “vulnera el principio de razonabilidad y compromete la seguridad jurídica”.
En tanto, el proyecto establece que la suspensión alcanzará todos los actos procesales que puedan derivar en caducidad, preclusión o pérdida de derechos, incluidos los recursos, traslados y resoluciones. Además, el representante opositor también alertó que la paralización del Tribunal podría afectar el crédito fiscal provincial, ante una eventual prescripción de acciones.
Cabe recordar que la discusión remite a las negociaciones de diciembre en la Legislatura bonaerense, cuando ambas Cámaras prestaron acuerdo a los vocales propuestos, aunque el Ejecutivo todavía no concretó la jura correspondiente. Bajo esta presentación, Garciarena busca evitar perjuicios jurídicos para los contribuyentes y para la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que pone en evidencia la demora oficial en completar la integración del organismo.
