Los diputados bonaerenses del bloque UCR – Unión Cívica Radical instaron al gobernador Axel Kicillof a que convoque con urgencia al Concejo Provincial de Seguridad Pública, con el objetivo de afrontar la prevención del delito y la falta de recursos en los municipios del interior.
En ese sentido, la iniciativa parlamentaria, que fue presentada por Valentín Miranda y acompañada por la presidenta del bloque, Alejandra Lórden, y la diputada, Priscila Minnaard, solicita la convocatoria tanto del Concejo Provincial de Seguridad Pública como foros vecinales para construir un debate integral de una problemática que atraviesa a todo el territorio bonaerense.
“La herramienta está, hace falta la decisión política del Gobernador a la cual apelamos con el presente proyecto”, señalaron desde la bancada radical, que convoca al Concejo Provincial de Seguridad Pública, un organismo previsto por el artículo 8 de la Ley 12.154 de la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, los diputados bonaerenses alegaron: “La reunión, con protagonismo de los tres poderes del Estado, podría desembocar en la elaboración de un plan de seguridad donde necesariamente se enmarque una política criminal que trabaje en la prevención de los delitos y, esencialmente, sobre las causas que le dan origen”.
Según relataron los legisladores del bloque UCR-Unión Cívica Radical, desde su sanción en 1998 y hasta la fecha, ningún gobierno impulsó la plena vigencia del Consejo Provincial de Seguridad Pública, si bien hubo tentativas esporádicas de hacerlo, “fueron dejadas de lado al poco tiempo de andar, según los movimientos pendulares del funcionario de turno“.
De acuerdo a la actual legislación, el Consejo Provincial deberá estar integrado por el Ministro Secretario de Seguridad (Presidencia), el Ministro de Gobierno; el secretario General de la Gobernación; un miembro del Ministro de Justicia; el Superintendente de Coordinación General del Ministerio de Seguridad; el Jefe del Servicio Penitenciario y ocho legisladores bonaerenses (cuatro diputados y cuatro senadores) “en representación de oficialismo y oposición”.
En ese marco, para la bancada boina blanca es importante poner en funcionamiento el organismo, a fin de vigorizar la ley, creando distintas instancias de participación ciudadana con el objetivo de diseñar políticas públicas que den respuesta a un flagelo que impacta en toda la provincia de Buenos Aires.
Lo cierto es que, el territorio bonaerense concentra la mayor cantidad de delitos del país, en parte debido a su peso demográfico, ya que reúne cerca del 40% de la población argentina. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), solo durante 2025, se registraron 751 homicidios dolosos en territorio bonaerense, de los cuales 89 ocurrieron en ocasión de robo, lo que representa alrededor del 44% de los homicidios cometidos en todo el país.
En materia de delitos contra la propiedad, las estadísticas muestran un aumento en los últimos años. Durante 2024 se denunciaron 128.477 robos, lo que implicó un incremento cercano al 18% respecto del año anterior y una tasa de aproximadamente 706 robos cada 100.000 habitantes, según datos oficiales compilados por el Sistema Nacional de Información Criminal. Estos delitos, que incluyen robos agravados, arrebatos y entraderas, constituyen el principal factor que explica la percepción de inseguridad en el territorio bonaerense.
En paralelo, en los considerandos de la iniciativa, Miranda recordó que Kicillof planteó su intención de avanzar sobre dos iniciativas que modificarían la formación de los efectivos de seguridad bonaerense, a fin de modernizar las fuerzas y dar respuesta a la problemática de inseguridad.
En efecto, durante la apertura del 154° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el mandatario adelantó el envió de una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que, según su criterio, tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser también actualizada en casi todos sus aspectos.
Asimismo, durante su exposición en la Cámara de Diputados bonaerense, Kicillof solicitó a los legisladores la aprobación de una nueva Ley de Formación del Personal Policial, que actualiza la norma y regula el reclutamiento de los efectivos de las fuerzas de seguridad “con los parámetros propios del Siglo XXI”.
“Nos parece correcto propiciar su debate, aunque siempre es mejor cumplir con la norma antes de hacerlo, o en forma paralela, pues de lo contrario, se terminan por agotar las expectativas ciudadanas con meros anuncios sin concreción”, remarcaron los diputados bonaerenses del radicalismo.
