En medio de la ola de críticas que recibe diariamente el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), dos diputados bonaerenses de la oposición presentaron propuestas para que los legisladores, jueces y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia provincial sean afiliados obligatorios de la mutual de la provincia de Buenos Aires.
Los proyectos pertenecen al libertario dialoguista del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, y a la diputada de la UCR – Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, que apuntan al mismo objetivo: modificar la Ley del IOMA (N° 13.965).
En concreto, ambas iniciativas derogan el artículo 17 bis, que permite que este segmento de dirigentes políticos pueda solicitar su afiliación al IOMA en forma facultativa, y modifican el artículo 17 para obligar a legisladores, jueces, y el procurador y subprocurador del máximo tribunal a ser usuarios de la obra social provincial.
Si bien los legisladores bonaerenses legalmente deben contar con IOMA al ser considerados empleados estatales, la ley actual les permite elegir si afiliarse en forma facultativa o voluntaria. A través de estas iniciativas, los diputados y senadores pasarán a ser incluidos de manera obligatoria en la mutual provincial sin la posibilidad de optar por una u otra opción, tal como les sucede al gobernador, el vicegobernador y los intendentes.
“Aquellos que actualmente están exentos de la contribución obligatoria son quienes tienen los salarios más altos y deben contribuir al IOMA. La obra social tiene un régimen solidario que se sostiene solo si todos permanecen en el sistema y aportan de forma sistemática, garantizando el financiamiento permanente. Es decir, el Instituto basa su solidaridad en la obligatoriedad”, señaló Rozas en su texto parlamentario.
En esta línea, al hacer énfasis en el régimen del IOMA, el titular del bloque Unión y Libertad definió que su proyecto es “la defensa de la relación existente entre la obligatoriedad y la solidaridad”. “Se terminan las situaciones de excepciones y privilegios, que coadyuvan al desfinanciamiento y sucesivas crisis de los sistemas de seguridad social, para garantizar una efectiva y extendida protección”, consideró.
En tanto, la diputada Minnaard reprodujo una iniciativa que había presentado años atrás la exlegisladora del radicalismo, Anahí Bilbao, en la que consideró “injusta” la excepción de los miembros parlamentarios como afiliados del IOMA. “No puede tolerarse que las personas que ocupan cargos tan trascendentales no contribuyan al sostenimiento de la obra social”, remarcó.
“Dadas las continuas dificultades en el funcionamiento del IOMA, los recurrentes reclamos tanto de los profesionales prestadores de servicios, como de los afiliados que padecen los problemas en la cobertura de las prestaciones de salud; quienes ocupamos cargos tan trascendentales para la vida institucional de nuestra provincia no podemos mirar para el costado, no podemos avalar ésta excepción al descuento de los aportes al IOMA que realiza la totalidad de los agentes del Estado”, sentenció la oriunda de Coronel Dorrego.
Cabe precisar que, en julio de 2020 los por entonces diputados Mario Giacobbe y Fabio Britos, presentaron un proyecto de iguales características al de Rozas. En ese momento, el IOMA atravesaba serios conflictos con la Agremiación Médica Platense (AMP), por los cuales había deficiencias en la atención de los afiliados en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Justamente, esta semana la AMP declaró el estado de alerta médico gremial por una supuesta deuda millonaria del IOMA. Según informaron desde la entidad, el organismo no abonó la totalidad de las prestaciones correspondientes a febrero, y el monto pendiente se acerca a los $1.300.000.000.
“El colapso de IOMA se extiende en toda la provincia. Afiliados desamparados, atrasos en los pagos a profesionales y coberturas sin garantizar son una constante. Impera el relato por sobre la salud de los bonaerenses. Y la respuesta oficial es apostar a la confrontación política”, opinó sobre la denuncia de la AMP la diputada Minnaard, una de las autoras de la ley para que los legisladores tengan esta obra social.
