Durante la reunión de este jueves de la comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por la diputada kicillofista Lucía Iañez, el cuerpo aprobó, entre otras iniciativas, un proyecto del diputado del Frente Renovador, Alexis Guerrera, conocido como “Ley contra la Discriminación”, una propuesta que lleva varios años de recorrido en la Legislatura bonaerense.
El texto, que tiene como precedente una iniciativa presentada por la exlegisladora massista Débora Galán en 2022, busca promover el derecho a la igualdad e impulsar políticas públicas contra la discriminación y el trato desigual, con aspectos que no contempla la Ley Nacional N° 23.592, sancionada en 1988.
“Creemos que es necesario que la Provincia de Buenos Aires actualice su legislación en materia de igualdad y antidiscriminación, creando diferentes mecanismos y rediseñando sus políticas públicas para luchar contra este flagelo”, consideró el dirigente massista en los fundamentos de su iniciativa.
Cabe destacar que, durante la discusión en el órgano legislativo, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron ciertos reparos al avance del expediente, ya que, según alegaron, este “principio” ya está incluido en las constituciones provincial y nacional. El argumento fue contrastado con conceptos jurídicos por la massista Sofía Vanelli que defendió la iniciativa.
En rigor, el articulado busca garantizar el respeto por la diversidad, el acceso a la Justicia y las condiciones necesarias para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo. De acuerdo con los preceptos de la propuesta, la norma considera “hechos discriminatorios” a los actos u omisiones que busquen impedir, obstruir, restringir o menoscabar arbitrariamente el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional.
Según explícito el impulsor de la propuesta a través de su escrito parlamentario, el nuevo horizonte normativo busca restringir aquellas conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio.
En ese sentido, la “protección” alcanza hechos basados en la falsa noción de raza o sexo, etnia, color de piel, nacionalidad, origen social, situación migratoria, idioma, religión, ideología, orientación sexual, género, edad, caracteres físicos, discapacidad, características genéticas, capacidad psicofísica y estado de salud física, mental y social.
A través del apartado que establece las medidas de protección, el texto propone que toda persona o grupo afectado, organismos gubernamentales y las organizaciones civiles de derechos humanos puedan requerir por vía judicial o administrativa el cese del acto, hecho u omisión discriminatoria.
En caso de que la autoridad compruebe el hecho, el organismo judicial o administrativo interviniente deberá adoptar medidas destinadas a prevenir su futura realización o garantizar que no vuelva a repetirse. En tanto, las acciones que soliciten el cese de un acto discriminatorio y que deriven de la aplicación de la ley tramitarán según el procedimiento previsto en la Ley de Amparo N°13.928 y las garantías contempladas en el marco constitucional vigente.
En estos casos, la parte denunciada deberá probar que el hecho, acto u omisión tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. Cuando existan indicios del episodio discriminatorio, el juez o la autoridad administrativa competente deberá intimar al responsable a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización.
Por caso, si el alcance, la trascendencia, la publicidad, la divulgación, los efectos u otras circunstancias permiten al tribunal considerar que existe una afectación social contra un grupo vulnerado, la sentencia deberá incluir medidas de reparación del daño, sin perjuicio de las indemnizaciones o sanciones que correspondan.
De acuerdo con la gravedad del ataque, las autoridades provinciales podrán disponer de campañas públicas de sensibilización y concientización, programas de capacitación sobre derechos humanos, medidas de acción positiva a favor del grupo afectado, disculpas públicas y cualquier otra acción adecuada para reparar los daños.
“Estamos ante una oportunidad histórica de luchar contra la desigualdad, pero para lograr este cometido debemos procurar tener una legislación de vanguardia, modificada y actualizada para la Provincia de Buenos Aires, que recepte los principales lineamientos de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de igualdad, y también que tenga en cuenta los caminos que ha ido marcando la jurisprudencia internacional, nacional y provincial”, puntualizó Guerrera.
Cabe destacar que la nueva presentación se enlaza con otro impulso legislativo que el Frente Renovador busca motorizar desde hace años en el recinto bonaerense. En 2022, la exdiputada del extinto Frente de Todos, Débora Galán relanzó, junto con la entonces presidenta del INADI, Victoria Donda, y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, la iniciativa original de 2020, que también había promovido Guerrera.
