El vocero presidencial Adrián Ravier este martes confirmó que el Gobierno nacional “seguramente aplicará sanciones” a los trabajadores de los puertos que se plegaron al paro en los servicios de practicaje y pilotaje, el cual mantiene paralizadas gran parte de las terminales en todo el país.
Durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier sostuvo que la medida de fuerza perjudica la logística del comercio en un “servicio que es esencial”. “Seguramente esto va a tener esto sanciones. No tengo el detalle, pero sin dudas es algo que va a ocurrir“, detalló Ravier.
En tanto, el funcionario nacional enmarcó el conflicto en la política del Gobierno de impulsar una mayor competencia para reducir el “costo argentino”. Desde Casa Rosada precisaron que los prácticos no cuentan con personería gremial, lo que impide convocar a una conciliación obligatoria para destrabar el paro por la vía tradicional.
Es preciso mencionar que, el paro en las terminales portuarias se generó a raíz del decreto 690/2026 firmado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que creó un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, eximió a las empresas navieras de la obligación de contratar a prácticos y flexibilizó esa práctica para cualquier otro personal.
Además, la medida también asignó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obligó a publicar precios para fomentar la competencia. A la vez, eliminó la segmentación geográfica que exigía cambiar de práctico durante un mismo trayecto.
En ese marco, la protesta que inició el fin de semana dejó más de 150 buques mercantes sin poder operar y golpeó frentes sensibles como lo son el ingreso de petróleo crudo a las refinerías y la salida de combustible ya refinado hacia los centros de distribución del país.
Este martes, la Prefectura Naval Argentina ordenó el retorno inmediato a la actividad de los profesionales incluidos en un anexo oficial y advirtió que, de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones disciplinarias y denuncias penales, puesto que la actividad se enmarca en un servicio público regulado por la Ley de Navegación.
Asimismo, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó su “más profunda preocupación” ante la parálisis que afecta la operatoria de comercio exterior. Según las estimaciones del sector agroexportador, el perjuicio económico para las empresas oscila entre USD50.000 y USD100.000 diarios por barco.
Entre los puertos bonaerenses afectados por el paro, figuran La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca, además de otras terminales estratégicas para el comercio exterior.
