La Cámara de Diputados bonaerense convocó este lunes a su cuarta sesión ordinaria del año, que se realizará el próximo jueves a las 14 horas, con un temario cargado de proyectos de ley que fueron despachados por las comisiones durante las últimas semanas.
Con una agenda que reúne iniciativas con amplio consenso entre el oficialismo y sectores de la oposición, el recinto que conduce Alejandro Dichiara buscará darle mayor movimiento a un año parlamentario de baja producción. Hasta el momento, sólo se pueden destacar leyes como la reforma jubilatoria especial para los veteranos de Malvinas y la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense.
Frente a este escenario, el oficialismo dejó una batería de propuestas listas para ser debatidas en el recinto esta semana, que giran en torno a temáticas como la violencia escolar o las personas con discapacidades, es decir tópicos en los que se encuentran más consensos que discrepancias.
Una de ellas es el llamado proyecto de Ley Ema, una propuesta de la camporista Mayra Mendoza, que busca crear el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos“. El texto surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que se quitó la vida en 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas en su ámbito escolar.
Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en incorporar a la Ley Provincial de Educación N°13.688 nuevos contenidos vinculados con la ciudadanía digital. La modificación apunta a que las escuelas trabajen de manera sistemática temas relacionados con el consentimiento, la privacidad, el uso responsable de las tecnologías y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la vida cotidiana.
Asimismo, el articulado incorpora una guía de intervención en situaciones conflictivas y establece un esquema de capacitación obligatoria y permanente para docentes, directivos y trabajadores del sistema educativo, coordinada a través de la Formación Docente Permanente y los Centros de Innovación en Información Educativa.
Diputados: la ley para regular el uso de imagenes de estudiantes
Otro proyecto que sigue el eje escolar y que será tratado por la Cámara de Diputados este jueves es el de la massista Luciana Padulo, que propuso regular el uso de imagen de niños en ámbitos escolares.
A través del texto parlamentario, la Dirección General de Cultura y Educación creará un formulario con el que podrá regular el uso, exhibición y/o reproducción de las imágenes, videos y sonidos registrados en actividades educativas, en los que aparezcan menores de edad.
Asimismo, el proyecto presenta la posibilidad de pixelear el rostro de los estudiantes, distorsionar la voz y/o suprimir cualquier otro signo identificatorio en aquellas publicaciones que impliquen el uso de una red de configuración pública; como así también busca colocar un zócalo sobre la asistencia y contención de menores de edad ante delitos de grooming. Asimismo, contempla el derecho a que la madre, el padre o el tutor revoque el consentimiento del uso de la imagen mediante una comunicación a las autoridades escolares.
En el proyecto, la legisladora del Frente Renovador se hace eco de que muchas instituciones educativas tienen redes sociales públicas, lo que, a su entender, da lugar a que “posibles depredadores accedan a sus víctimas”. “El hecho de incluir en las autorizaciones para el uso de la imagen, elementos de disuasión que impidan el reconocimiento del menor en estos ámbitos, permitirán un avance para frenar prácticas como el grooming”, cerró la autora de la iniciativa.
Diputados: la adhesión a la Ley Nacional de Talleres Protegidos
Como parte de otro eje temático, Diputados también pondrá sobre la mesa la adhesión a la Ley Nacional del Régimen Federal de Empleo Protegido, el cual tiene como objetivo fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en los talleres protegidos. La normativa pertenece a la senadora radical Nerina Neumann y podría recibir sanción definitiva esta semana.
En la actualidad, ese Régimen permite que los trabajadores reciban prestaciones establecidas en la ley 24.241 tales como prestación básica universal, compensatoria, por fallecimiento y adicional por permanencia; tenga derecho a cobertura médico asistencial y cuenten con asignaciones familiares.
Además, estipula como obligación del Estado Nacional una asignación mensual equivalente al 40% del salario mínimo, el pago de los 100% de los aportes personales, de las contribuciones patronales y de los honorarios dirigidos al Equipo Multidisciplinario de Apoyo.
Durante el tratamiento en comisiones del texto, el titular de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia (FETAP), Darío Corrao, remarcó la importancia de que la Legislatura apruebe este proyecto, subrayó que la provincia de Buenos Aires tiene 177 de los 263 talleres protegidos de todo el país, y sostuvo que la adhesión a la Ley Nacional 26.816 servirá como herramienta legal para presentarle propuestas y quejas a Casa Rosada.
Diputados: la ley para proteger a la biodiversidad de construcciones
La sesión de esta semana también tendrá su bloque ambiental con el análisis de otro texto de Padulo, en este caso para que los desarrollos inmobiliarios que se encuentren en ecosistemas naturales o modificados incorporen corredores biológicos y reductores de velocidad, con el objetivo de preservar la flora y fauna autóctonas y garantizar la libre circulación de las especies.
La propuesta establece que los corredores biológicos deberán ubicarse dentro de los espacios verdes y áreas comunes de cada desarrollo inmobiliario y asegurar la conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats. Además, los emprendimientos alcanzados deberán recomponer los impactos ambientales generados por las obras, incluyendo la reforestación con especies nativas y la remediación de modificaciones sobre el suelo y el agua.
El proyecto también contempla multas equivalentes al 2,5% del valor total del desarrollo inmobiliario para quienes incumplan las disposiciones, y establece que los fondos recaudados sean destinados a políticas públicas para la creación y mantenimiento de centros de rescate de fauna autóctona y reservas naturales.
Una situación que grafica lo que expone Padulo en su texto, es la de los carpinchos en los barrios cerrados de Nordelta, una especie que se vio afectada por los proyectos urbanísticos en el Delta del Paraná. Frente a este escenario, la diputada propone que los desarrollos inmobiliarios respeten el equilibrio biológico, contribuyendo a un entorno que favorezca tanto el bienestar humano como la preservación de la biodiversidad, cediendo un porcentaje de la superficie total para la preservación de los ecosistemas.
