En las últimas horas, la mesa política del Gobierno de Javier Milei comenzó a analizar el impacto de la morosidad y el sobreendeudamiento en la Argentina, al tiempo que estudia la posibilidad de solicitarle al Banco Central de la República Argentina (BCRA) una medida para desincentivar la toma de deuda mientras mantiene su postura de no utilizar recursos del Estado para asistir a quienes ya se encuentran en mora.
Es que, a pesar de los datos oficiales que recibieron los funcionarios más cercanos al presidente, Milei sigue firme en su posición de que el nivel de morosidad actual no representa un riesgo para el sistema financiero, y que el Estado no debería intervenir porque “se trata de un conflicto entre privados”. Sin embargo, la propuesta de la senadora Patricia Bullrich para reforzar la información que reciben quienes toman créditos despertó el interés del mandatario.
En ese sentido, la posibilidad que analiza el Gobierno consiste en pedirle al titular del BCRA, Santiago Bausili, que modifique mediante una comunicación la normativa que establece cómo debe presentarse el Costo Financiero Total (CFT), indicador que refleja gasto final que una persona debe afrontar al obtener un préstamo o realizar una compra en cuotas.
Actualmente, las reglas establecen que el CFT debe aparecer de manera legible y destacada en contratos, recibos y notas de débito, mientras que también deben informarse la tasa de interés o descuento anual, la tasa efectiva anual equivalente, si la tasa es fija o variable y, en este último caso, sus parámetros de ajuste.
La normativa también fija requisitos específicos para la publicidad de productos crediticios, donde el CFT debe exhibirse de forma destacada y con un tamaño considerablemente mayor al utilizado para informar la tasa nominal anual. La exigencia alcanza a medios gráficos, internet, folletos, radio, televisión y medios digitales, incluso cuando la oferta sea difundida por intermediarios como inmobiliarias, concesionarias o supermercados.
En este escenario, Bullrich planteó que los bancos y las fintech brinden información todavía más clara sobre las condiciones de los préstamos, y propuso que los usuarios puedan conocer de manera directa cuánto deberán devolver por el dinero que toman a modo de préstamo. Además, la senadora sostuvo que esas empresas deberían “generar mecanismos concretos de refinanciación, hacerse cargo y ayudar” a quienes actualmente tienen dificultades para cumplir con sus compromisos.
En tanto, la titular de la bancada libertaria en el Senado también propuso modificar la forma en que se exhibe el costo de los créditos mediante una advertencia de gran tamaño. “Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales (de los alimentos), que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000’. Porque el CFT, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta el robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo en declaraciones televisivas.
La propuesta de Bullrich llegó hasta la mesa política de Milei, que comenzó a analizar las alternativas para implementarla, aunque todavía no existe una definición concreta por parte del jefe de Estado. Según una fuente vinculada a la iniciativa, no sería necesaria una ley para modificar este aspecto, ya que podría instrumentarse a partir de una decisión firmada por el titular del Banco Central.
En tanto, el tema podría ser abordado este mismo martes en la reunión de Gabinete que encabezará Milei en la Casa Rosada, aunque no estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, que viajó a Estados Unidos para participar de la cumbre del G20 de Finanzas que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte.
De esta manera, una eventual medida del BCRA podría apuntar a desincentivar el endeudamiento futuro, aunque no implicaría utilizar recursos presupuestarios para asistir a las personas que ya se encuentran en situación de morosidad. Esa diferencia marca uno de los principales puntos de tensión con la oposición, que impulsa alternativas para que el Estado intervenga y facilite la refinanciación de las deudas existentes.
En la Cámara de Diputados, el peronismo logró reunir un principio de quórum y busca forzar el próximo 9 de septiembre una sesión para tratar o emplazar proyectos que contemplan una intervención estatal mediante recursos públicos para facilitar esos procesos de refinanciación. Milei, en cambio, rechaza esa posibilidad porque considera que el Poder Ejecutivo “no debe rescatar a las compañías que otorgaron los préstamos”.
Según el informe sobre bancos elaborado por el BCRA, la morosidad del sistema financiero registró una leve baja en junio y se ubicó en el 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado. En el caso de las familias, la mora alcanzó el 12,8%, con una disminución en los incumplimientos de tarjetas de crédito, aunque con aumentos en los préstamos personales y prendarios.
