Este lunes, el gobierno de Axel Kicillof anunció que comenzará a aplicar un impuesto del 2% sobre los premios obtenidos en juegos de resolución inmediata dentro de las siete plataformas de juego online habilitadas en la provincia de Buenos Aires: Bet63, Betano, Bettson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake. La medida que tiene como principal objetivo destinar los fondos a programas de salud, educación y desarrollo social, además de reforzar las acciones contra la ludopatía.
La medida fue anunciada por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien aclaró que el mecanismo que implementará el Ejecutivo está contemplado en la Ley de Ejercicio Fiscal aprobada en 2018, medida que no se había aplicado a la modalidad de apuestas y aplicaciones de juego online.
De esta manera, el nuevo aporte alcanzará a los premios derivados de apuestas sucesivas en los denominados juegos de resolución inmediata, una modalidad que suele identificarse con las slots o tragamonedas digitales. El dinero recaudado ingresará al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), desde donde será destinado a distintas políticas públicas vinculadas con salud, educación y desarrollo social.
En tanto, el anuncio de Bianco se produjo pocos días después de que distintos sectores de la oposición cuestionaran al Gobierno bonaerense por la falta de implementación de algunas de las medidas que la propia Provincia había anunciado para combatir el juego online entre menores de edad. Entre ellas se encuentran los controles biométricos para acceder a las plataformas, que habían sido anunciados en 2024 y formalizados mediante una resolución del Instituto Provincial de Lotería y Casinos en diciembre de 2025.
En concreto, la Resolución firmada el año pasado por el titular del Instituto de Lotería, Gonzalo Atanasof, estableció que las empresas licenciatarias debían incorporar mecanismos de verificación mediante datos biométricos, fe de vida y reconocimiento facial para validar la identidad de los jugadores al momento del registro y en las oportunidades que determinara la reglamentación.
Según lo establecido en ese entonces por el gobierno de Kicillof, las empresas tenían un plazo de 60 días desde la notificación de las normas correspondientes para ponerlos en funcionamiento, con posibilidad de una prórroga mediante resolución fundada.
La semana pasada, la falta de avances en esas medidas fue duramente cuestionada por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), la UCR + Cambio Federal y Unión y Libertad durante la jornada “Límites a la clandestinidad: legislación, control y prevención de la ludopatía digital”, organizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Fundación Nexum.
En ese encuentro, diputados y senadores de distintos espacios reclamaron respuestas por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre el bloqueo de sitios de apuestas online en las escuelas, y el observatorio de ludopatía adolescente anunciado por el propio Kicillof, mientras que desde la oposición señalaron que habían presentado pedidos de informes para conocer el estado de esas iniciativas.
El anuncio del impuesto al juego online se suma a un escenario en el que la Legislatura bonaerense mantiene en tratamiento distintas iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía y el acceso de menores al juego online. El flujo de presentación de iniciativas llegó a un punto tal que desde el parlamento tuvieron que crear una comisión específica dedicada a despachar esos textos. Sin embargo, este año solo sesionó para oficializar su conformación.
Los proyectos fueron presentados por todos los bloques que componen la Legislatura, tanto por sectores del oficialismo como de la oposición, y abarcan diferentes aristas, entre ellas restricciones a la publicidad dirigida a niños, límites al uso de billeteras virtuales en sitios de apuestas, programas de prevención y líneas telefónicas de asistencia, además de modificaciones relacionadas con los mecanismos de reconocimiento facial.
La problemática también había llevado al Gobierno bonaerense a crear, en octubre de 2024, la Mesa Interministerial para la prevención y tratamiento del Juego Compulsivo Problemático Adolescente, cuyo objetivo era promover el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a abordar la ludopatía infantil. Entre las acciones a desarrollar se encontraba un programa de encuestas en escuelas secundarias para conocer el vínculo de los estudiantes con el juego online, cuyos resultados indicaron que un 4% de la muestra analizada apostaba al menos una vez por mes.
El Gobierno de Kicillof apuntó contra Milei tras el giro argumental sobre Malvinas
En otro pasaje de su exposición en Casa de Gobierno, Bianco cuestionó el cambio de postura de Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas y recordó que anteriormente el presidente había defendido el principio de autodeterminación de los habitantes de las Islas. “No hay autodeterminación de los pueblos cuando no hay pueblo”, afirmó el ministro de Kicillof, quien sostuvo que la población actual del archipiélago fue implantada por el Reino Unido, y calificó al mandatario como el “Milei fan de Margaret Thatcher”.
El funcionario bonaerense también puso el foco en las medidas anunciadas por el Gobierno nacional frente al avance de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, y señaló que buena parte de las herramientas para actuar ya estaban contempladas en la legislación vigente. En ese sentido, Bianco cuestionó que la administración nacional haya demorado más de 200 días en aplicarlas, aunque aclaró que desde la Provincia están de acuerdo con endurecer las sanciones y con impedir que empresas vinculadas a esas actividades puedan operar en el territorio continental argentino.
Además, Bianco repasó los distintos pronunciamientos de la Provincia sobre el proyecto petrolero Sea Lion y sostuvo que la administración bonaerense se manifestó el 11 de diciembre de 2025, apenas un día después de que se conociera el anuncio de inversión, y volvió a hacerlo en enero, marzo y mayo ante nuevos avances de empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la zona. “No sé por qué nos enteraba Milei de todo esto, nosotros nos enterábamos”, ironizó.
Por último, el ministro cuestionó la demora en las sanciones anunciadas por la Cancillería contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas y planteó que también deberían ser alcanzadas las empresas que prestan servicios petroleros a esos proyectos. Además, se refirió al anuncio de financiamiento de la Base Naval Integrada y sostuvo que se trata de una obra que había sido proyectada e iniciada durante la gestión anterior y posteriormente paralizada por el actual Gobierno nacional.
