En las últimas horas, el Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tiene como objetivo implementar nuevas sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina, con penas que en determinados casos podrían alcanzar los 20 años de prisión.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), amplía el régimen vigente desde 2011 que estaba concentrado en las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en Malvinas, para abarcar distintas formas de explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
En ese marco, el proyecto por Malvinas establece multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo para quienes realicen actividades prohibidas, al tiempo que contempla la suspensión o cancelación de permisos, junto con inhabilitaciones de entre cinco y 20 años, mientras que las sanciones se endurecen cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
Para esos casos, la iniciativa que giró el Gobierno nacional al Congreso prevé penas de entre 12 y 20 años de prisión, mientras que quienes extraigan, transporten o almacenen hidrocarburos sin autorización argentina podrían recibir condenas de entre 15 y 20 años, además de multas que podrían llegar al equivalente de tres millones de barriles de petróleo.
En tanto, el régimen para apuntalar la soberanía de la Argentina sobre Malvinas que busca consolidar el Ejecutivo de Milei también alcanza a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de que serán utilizados en las actividades cuestionadas, para quienes se contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión, mientras que las sociedades involucradas podrían afrontar restricciones para operar o contratar con el Estado.
Entre las sanciones previstas aparecen además la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables, mientras que una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.
A su vez, el proyecto por Malvinas incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina, como una vía prevista por la iniciativa para regularizar las situaciones contempladas en el nuevo esquema.
Otro de los capítulos de la iniciativa por Malvinas crea un Sistema de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo articular áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas, mientras que el órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.
Por caso, el plan que llegó a la Cámara de Diputados esta semana también establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas “hostiles”, y contempla distintas medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre, mientras que para los buques prevé un esquema que va desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas.
En el caso del hundimiento de embarcaciones, el proyecto que propone endurecer las penas a las personas y empresas que exploten los recursos de Malvinas sin autorización de la Argentina lo reserva como una medida militar excepcional frente a un buque hostil y establece que deberá contar con autorización presidencial, al tiempo que prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial.
