El Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, activó en las últimas horas negociaciones con la oposición dialoguista a fin de desactivar la polémica por los brutales recortes en discapacidad proyectados en el Presupuesto 2027.
Es que, la controversia se desató cuando trascendió que el Presupuesto 2027 eliminaba mecanismos vigentes de actualización de prestaciones, modificaba los criterios de acceso a las pensiones y habilitaba cambios en el sistema de aranceles que perciben los prestadores.
La situación generó tal revuelo que, incluso, la propia titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la nación, Patricia Bullrich, salió a cuestionar la iniciativa enviada por el Ejecutivo nacional, además de atajarse de las modificaciones.
Según Bullrich, desconocía las modificaciones que el Ejecutivo provincial incluyó en el texto y advirtió que este tipo de decisiones afectan la relación con los aliados parlamentarios. “Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, afirmó.
Acto seguido, la armadora libertaria en la Cámara alta recalcó: “Estas cosas resienten la relación con nuestros aliados, no se puedo venir con un Presupuesto distinto a algo que estábamos discutiendo, entró una derogación de la ley de emergencia cuando ya se había buscado un acuerdo”.
Lo cierto es que, la situación impactó de lleno en las conversaciones que venía teniendo la ex ministra de Seguridad con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y los bloques provinciales para impulsar una alternativa a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.
Frente a este escenario, desde Casa Rosada comenzaron a diseñar una salida negociada, adelantándole a los aliados que los puntos más cuestionados de la iniciativa serán revisados con el objetivo de llegar a un texto consensuado que permita evitar una nueva derrota parlamentaria, tal como sucedió durante las conversaciones de la Ley de Tierras.
Entre las alternativas, la administración de Javier Milei analiza mantener la actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
Otro de los puntos centrales de la negociación es el acceso a las pensiones no contributivas: el Gobierno insiste en avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento.
Por caso, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implicará automáticamente el acceso al beneficio y se evaluará además el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.
Desde la oposición dialoguista afirmaron que uno de los pedidos ya fue aceptado: la posibilidad de compatibilizar las pensiones con el empleo formal. El proyecto original enviado junto con el Presupuesto 2027 establecía incompatibilidad absoluta entre ambas situaciones, un punto que generó fuertes objeciones.
Así, el oficialismo busca cerrar una de las controversias más sensibles que surgieron tras el envío de la ley de leyes al Congreso, en un tema donde hasta sus socios habituales advirtieron que no acompañarán modificaciones que impliquen una reducción de derechos o un deterioro de las prestaciones para las personas con discapacidad.
