Este jueves, docentes bonaerenses nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) arrancaron una jornada de paro ante los episodios de violencia registrados en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Si bien desde la FUDB resaltaron que la convocatoria se dio como resultado de la violencia escolar en las escuelas, la medida de fuerza que lideran la FEB, SUTEBA, UDOCBA y AMET, también responde a la negociación paritaria que viene demorando el gobierno de Axel Kicillof.
Vale destacar que, docentes nucleados en SUTEBA Multicolor también decretaron para este jueves un paro total de actividades por 36 horas, tras los hechos de violencia registrados en la Escuela Primaria N°13, ubicada en la intersección de Joaquín V. González y Camino General Mosconi, en el distrito de Ensenada.
En dialogo con Diputados Bonaerenses, la secretaria general de SUTEBA Multicolor Ensenada, Laura Champeau, relató que este miércoles una familia ingresó de manera violenta al establecimiento con la intención de confrontar al profesor de teatro, quien tiene denuncias por supuestos episodios de violencia.
Como el docente no se encontraba en la escuela al momento del hecho, los familiares terminaron agrediendo a la directora, la vicedirectora y la secretaria del establecimiento. De acuerdo con el testimonio de Champeau, posteriormente también se dirigieron hasta la vivienda del profesor para buscarlo y provocaron destrozos en el lugar.
“Nosotros lo que venimos denunciando es que esto es un caso extremo, pero que viene de otras situaciones de violencia que se vienen dando en las escuelas, como emergentes de una crisis social muy profunda”, afirmó la dirigente gremial en comunicación con este medio.
En esa línea, Champeau señaló: “Hay episodios de violencia de niños contra docentes, entre adolescentes y entre pares, que tienen distintos sentidos, pero que expresan situaciones de desborde y vidas muy violentadas”.
“Todo esto en un contexto de trabajadoras laburando con salarios de miseria, con muchísima sobrecarga laboral, endeudadas, con situaciones familiares también complejas por la crisis social que afecta a todos, entonces todo convierte a la escuela en una gran olla a presión”, alertó la dirigente de SUTEBA Multicolor.
Ante este escenario, el sindicato decretó un paro total de 36 horas bajo la consigna “Basta de violencias en las escuelas” e hizo un llamado a la reflexión colectiva sobre la importancia de conservar las instituciones educativas como espacios de cuidado, enseñanza y vinculo pacífico.
Además, desde SUTEBA Multicolor reclamaron jornadas institucionales en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, para que los docentes puedan encontrarse, debatir y buscar estrategias para mejorar la creciente ola de violencia que se vive en los ámbitos educativos.
Diputados sancionó una ley para frenar la violencia contra los docentes bonaerenses
En medio de este escenario, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley un proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que endurece las sanciones contra quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, trabajadores de la salud y agentes de servicios públicos esenciales.
En concreto, la norma amplía el alcance de la protección vigente, hasta ahora centrada en el personal educativo, e incorpora a otros trabajadores que cumplen funciones esenciales dentro del Estado bonaerense. El texto contempla penas de arresto y multas para quienes hostiguen, insulten, agredan o perturben el normal desarrollo de sus tareas en los establecimientos alcanzados por la ley.
“Si bien la Ley N° 14.898 representó un avance significativo al proteger específicamente a los trabajadores de la educación, la realidad actual nos exige ampliar este ‘escudo legal’ para abrazar también a los médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes de servicios esenciales que enfrentan situaciones de violencia idénticas en el ejercicio de sus funciones”, señaló el dirigente de la Sexta sección en los fundamentos del proyecto.
Por fuera del esquema sancionatorio, la iniciativa también obliga al Gobierno bonaerense a implementar protocolos de actuación inmediata frente a situaciones de violencia. Las medidas deberán contemplar el auxilio de la fuerza pública para retirar al agresor, la intervención del Ministerio Público cuando resulte necesario solicitar restricciones o exclusiones y el resguardo preventivo de la víctima durante su jornada laboral.
Asimismo, el Estado provincial deberá garantizar patrocinio jurídico gratuito a los trabajadores que sufran hechos de violencia, para que puedan constituirse como particular damnificado o querellante en las causas judiciales. El nuevo marco normativo también incorpora asistencia psicológica inmediata y acompañamiento especializado, a través de programas de salud ocupacional o de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Por último, la reforma aprobada crea un Registro Provincial de Hechos de Violencia Institucional para reunir estadísticas y antecedentes sobre agresiones en servicios esenciales. El relevamiento permitirá detectar zonas críticas y orientar la asignación de recursos de seguridad, bajo criterios de confidencialidad para resguardar a las víctimas y de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos personales.
