En medio de la apertura acelerada de importaciones y el desplome del consumo, el titular de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley para declarar por un año la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.
La iniciativa del diputado bonaerense referenciado en La Cámpora plantea una batería de beneficios fiscales e impositivos, además de medidas de financiamiento, regularización de deudas y prioridad para la producción local en las compras públicas, destinados a aliviar la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la industria textil bonaerense.
“La declaración de emergencia que se propone constituye una herramienta de carácter temporal y excepcional orientada a generar condiciones que permitan atravesar el período crítico, preservas las fuentes laborales y sostener la actividad productiva hasta tanto puedan recomponerse las condiciones necesarias para su desenvolvimiento normal”, alegó Tignanelli.
Uno de los principales ejes del proyecto de Tignanelli es el alivio impositivo para las empresas alcanzadas por la emergencia. El texto propone una exención del 100% de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario para las actividades vinculadas a la fabricación de calzado, así como para la producción de materias primas, partes, componentes e insumos destinados a establecimientos radicados en la provincia de Buenos Aires.
Además, la iniciativa contempla un régimen especial para regularizar las deudas tributarias provinciales, a partir de facilidades especiales de pago, reducción de intereses y multas. Asimismo, mientras los contribuyentes adheridos cumplan regularmente con el régimen, no podrán iniciarse ejecuciones fiscales.
Otro de los puntos está vinculado con los servicios públicos. Durante la vigencia de la emergencia, el legislador bonaerense señaló que los prestadores sujetos a jurisdicción provincial no podrán suspender ni cortar el suministro por falta de pago a los establecimientos alcanzados por la ley. A su vez, deberán otorgar planes especiales de regularización y facilidades de pago para las obligaciones pendientes.
Al respecto, Tignanelli subrayó que la continuidad de los servicios públicos constituye otro aspecto relevante para la preservación de la actividad industrial. “La suspensión por falta de pago puede producir consecuencias que exceden el problema financiero que le dio origen y comprometer directamente la continuidad de los procesos productivos”, recalcó.
La protección del empleo registrado también aparece como una condición para acceder y permanecer en los beneficios de la emergencia. El proyecto establece que las empresas deberán mantener la dotación de trabajadores formales existente al momento de entrada en vigencia de la ley, salvo casos debidamente acreditados que no sean imputables al empleador, como jubilaciones, renuncias, fallecimientos, entre otros.
En ese marco, Tignanelli insta a que el Poder Ejecutivo bonaerense implemente medidas de asistencia económica, subsidios de tasa y programas provinciales de promoción productiva y laboral para los establecimientos de calzado que incrementen su cantidad de trabajadores registrados. También, se prevé la posibilidad de instrumentar con el Banco Provincia líneas especiales destinadas a la compra de capital y ampliación productiva.
Por último, el proyecto propone una medida vinculada a las compras públicas. Durante el período de emergencia, las contrataciones del sector público provincial destinadas a la adquisición de calzado deberán otorgar preferencia a los productos fabricados en establecimientos bonaerenses. Dicha prioridad deberá quedar expresamente incorporada en los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones.
Para acceder a los beneficios de la ley, el diputado de la Tercera sección electoral detalló que los sujetos alcanzados deberán poseer al menos un establecimiento productivo en la provincia de Buenos Aires; mantener, durante la vigencia de los beneficios, la dotación de trabajadores registrados; y acreditar el efectivo desarrollo de las actividades.
“Las medidas propuestas procuran generar un marco transitorio de alivio y acompañamiento que permita a las empresas atravesar la situación de emergencia sin abandonar sus capacidades productivas ni reducir injustificadamente sus dotaciones laborales y sobre todo contribuir al sostenimiento del entramado productivo provincial”, expresó Tignanelli en los considerandos del proyecto.
Por caso, según la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), como consecuencia del modelo económico y productivo del Ejecutivo nacional, que encabeza Javier Milei, en la primera parte del año fueron 7.000 los puestos de trabajo que se perdieron solo en ese sector.
Frente a este escenario, Tignanelli subrayó la necesidad de que la provincia de Buenos Aires adopte medidas concretas destinadas a sostener la producción local, preservar las fuentes laborales y evitar que una situación coyuntural derive en un proceso de pérdida permanente de capacidades industriales.
