La investigación de la Justicia porteña sobre las irregularidades detectadas en el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, volvió a poner en discusión los alcances que pueden tener los datos biométricos.
La administración porteña accedió a datos biométricos de gobernadores, dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, jueces, empresarios, periodistas y hasta del propio presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero, ¿para que se pueden utilizar?
El ingeniero especializado en telecomunicaciones y perito de la justicia federal, Ariel Garbarz, alertó que los datos biométricos de las personas, combinados con una base de datos adulterada, pueden servir para la “construcción de pruebas falsas que permiten luego acusar a alguien de haber cometido un delito”.

En el caso puntual de CABA, para Garbarz resulta “clave” que se determine “lo antes posible” quiénes fueron los “operadores del sistema, quiénes conservan la base de datos, cuántos backup se hicieron y cómo fue la ruta de las operaciones ilegales, mediante el seguimiento de la extensión especial que tiene ese tipo de archivos”.
El experto alerto sobre la posibilidad de usar los datos biométricos para armar causas judiciales. “Tener la cara de alguien asociada a un día, a una hora y a un lugar determinado y, a su vez, vinculada a las caras de otras personas puede servir para armar un carpetazo e inventar un delito que no fue cometido“, planteó el profesor universitario y desarrolló: “Adultero la base de datos y te ubico en forma biométrica en una zona donde no estuviste y se cometió un delito y además le presento esa información a un juez“.
En tanto, el investigador del Conicet, Pablo Negri, también sobre otros potenciales peligros del uso de los datos biométricos: “Tener la capacidad de identificar a una persona en la vía pública puede ser utilizado para bien o para mal; es información que cualquiera anónimamente puede colgar en una página de internet y entonces se convierte en un problema gravísimo de seguridad”.

En el caso de la polémica por el uso de datos biométricos en CABA, el científico opinó que “tiene que haber responsables que firmaron y dieron permiso (a esas acciones denunciadas ante la justicia) con un determinado objetivo” porque, si no, es “casi como un robo de datos“.
Por su parte, el secretario general del sindicato Unión Informática, Ignacio Lonzieme, se manifestó “absolutamente en contra del uso del sistema de reconocimiento facial en CABA“. “Es grave que haya una intención, una voluntad de vaya a saber quién de hacer un seguimiento indiscriminado biométrico; es de una gravedad inconmensurable”, remarcó.
El sindicalista además aportó una mirada política: “Resulta paradójico que los defensores de la República (en alusión a Juntos por el Cambio) utilicen estos mecanismos no regulados y se vulneren derechos civiles básicos”. “Merece una condena de todos los organismos que protegen la libertad de las personas”, declaró.
Datos biométricos CABA: el origen de la causa
La investigación por las irregularidades detectadas en el uso del sistema de reconocimiento facial en CABA, a cargo el juez porteño Roberto Gallardo, surgió a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA) por la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA.
El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Renaper siempre que se trate de alguna de las 40.000 personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía.
Así, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires accedió a datos biométricos de dirigentes políticos, sociales, sindicales, y de derechos humanos, además de gobernadores, jueces, empresarios y periodistas.
Datos biométricos CABA: a quién se “espió”
Entre los datos biométricos requeridos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA, se encuentran las siguientes consultas:
• presidente Alberto Fernández: 76 veces
• vicepresidenta Cristina Kirchner: 225 veces
• diputado Máximo Kirchner: 12 veces
• ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro: 3 veces
• ministro de Seguridad Aníbal Fernández: 12 veces
• diputado Sergio Massa: 3 veces
• diputada Myriam Bregman: 3 veces
• diputado Ricardo López Murphy: 8 veces
• diputado José Luis Espert: 8 veces
• diputado Javier Milei: 32 veces
• gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: una vez
• Presidenta del PRO, Patricia Bullrich: 18 veces
• exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó: 2 veces
• exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni: 2 veces
• ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz: una vez
• Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín: 4 veces





