Si bien en las últimas horas, tras la reunión realizada ayer en la Quinta de Olivos, el grupo cerealero Vicentin dejó trascender que el Gobierno nacional estaba dispuesto a analizar “diferentes alternativas público-privadas superadoras”, Alberto Fernández descartó de plano esa posibilidad.
ES que. el Presidente ratificó la intervención y el proyecto para expropiar la firma alimenticia, una de las principales agroexportadoras del país, investigada en la justicia por presuntos negociados durante el final del gobierno de Mauricio Macri.
“La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo”, aseguró el mandatario y agregó: “Ellos proponen que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios que están muy salpicados; es muy poco transparente”.
La referencia de Fernández a empresarios “muy salpicados” se refiere a la causa judicial que investiga los desmanejos que comenzaron luego de las elecciones primarias de 2019. Recientemente, la UIF involucró en esos negociados al presidente Mauricio Macri.
“Ellos saben que (por los directivos de Vicentin) que no tienen aire y que solo el Estado puede socorrerlos. Pero quieren acordar con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos”, aseguró el primer mandatario.
Fernández, Vilma Ibarra, Matías Kulfas y Luis Basterra, entre otros integrantes del Gobierno nacional, recibieron ayer a los principales directivos de la firma santafesina. En la previa del encuentro, habían circulado versiones de que se podría revisar su idea de confiscar la compañía pero ahora quedó descartado.
La intervención de Vicentin se concretó ayer con el ingreso del enviado del Gobierno a las oficinas administrativas de la compañía. Hubo fuertes protestas en Avellaneda, ciudad de la sede central de la alimenticia, y en otras capitales contra la decisión de expropiar la empresa.
Vicentín es investigada por un préstamo que pidió al Banco Nación de $18.182 millones, uno de $1.814 millones con el Bapro y otros con los bancos Hipotecario y Macro, entre otros. El monto total que debe la empresa supera los $99.000 millones.