Este viernes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, defendió la decisión de apartar a los 24 efectivos de la Policía Bonaerense por desarrollar actividades prohibidas dentro de la fuerza, y denunció que filtraban información operativa a legisladores de La Libertad Avanza, a la vez que mantenían vínculos políticos con el excomisario y candidato a diputado, Maximiliano Bondarenko.
De esta manera, Alonso remarcó que los efectivos involucrados y desplazados de sus tareas “comenzaron a brindar asesoramiento en materia de seguridad” a representantes libertarios y compartieron información sensible sobre operativos en curso. Además, el funcionario aseguró que el Gobierno bonaerense “no está persiguiendo a nadie por lo que piensa, sino por acciones incompatibles con el uniforme”, y calificó la conducta como una violación directa al reglamento de la fuerza.
El funcionario aclaró que no se trató de despidos, sino de una medida administrativa de desafectación, lo que implica que los policías quedan en disponibilidad mientras se lleva adelante la investigación, y subrayó que la decisión se tomó para “resguardar las pruebas”, ya que muchos de los implicados ocupaban cargos de jefatura. “La gravedad de los hechos obliga a actuar de inmediato para preservar la institucionalidad”, manifestó Alonso.
La denuncia, recibida por Asuntos Internos, describe cómo un grupo de policías en funciones mantenía relación directa con Bondarenko y usaba las oficinas públicas para organizar reuniones vinculadas a su candidatura. Alonso señaló que algunos de ellos fueron testigos en un juicio de usucapión junto al excomisario, y que su carrera dentro de la institución avanzó de manera llamativamente acelerada.
Uno de los puntos más graves revelados por Alonso fue que los implicados “facilitaron información a legisladores nacionales sobre operativos policiales”, lo que representa una transgresión directa a la obligación de neutralidad política de la Policía bonaerense. Por eso, el ministro afirmó que “no puede haber policías en actividad subordinados a un excomisario con aspiraciones partidarias, y mucho menos trabajando para un espacio político”.
Según detalló el funcionario de Axel Kicillof, la estructura interna que se investigó comenzó como una dependencia ambiental y fue transformándose en “una especie de consultora política con finalidades partidarias”, que organizaba encuentros y discutía estrategias vinculadas al armado libertario. La información fue respaldada con material informático hallado en computadoras institucionales.
Alonso precisó que la denuncia provino de una persona que formaba parte del grupo y decidió presentar pruebas luego de la oficialización de la candidatura de Bondarenko. “Lo que pedía Bondarenko estaba en las computadoras. La responsabilidad es del jefe que subordinó a otros oficiales a ese armado”, afirmó, al tiempo que contó que el expediente ya está en manos de Asuntos Internos y de especialistas en delitos informáticos.
El caso generó repercusiones en el ámbito político, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó duramente la decisión del gobernador Kicillof, además de acusar al Ejecutivo bonaerense de “odiar a la policía”. En respuesta, Alonso evitó confrontar directamente y defendió el accionar institucional: “No hay revancha ni persecución. Lo que se está haciendo es evitar que la policía sea utilizada como aparato partidario, porque eso está expresamente prohibido por ley”.
Alonso ratificó que la investigación a los policías bonaerenses avanza con respaldo documental
Es preciso mencionar que, el expediente iniciado a partir de la denuncia anónima incluye registros de chats, audios, documentos y el relevamiento de espacios utilizados por los agentes para encuentros políticos. La fiscalización fue realizada por el área de Asuntos Internos y el equipo de delitos informáticos de la provincia, que ya elevó los primeros informes al Ministerio de Seguridad que encabeza Alonso.
Por caso, el funcionario bonaerense anticipó que, en caso de comprobarse la participación activa en acciones políticas partidarias dentro de la fuerza, se avanzará con sanciones administrativas y, si corresponde, con denuncias penales. “La policía tiene que estar al servicio de la ciudadanía, no de un partido”, reiteró.
Es que, el vínculo entre Bondarenko y los policías bonaerenses implicados fue confirmado por documentos judiciales y por el registro de actividades que se desarrollaban en dependencias oficiales. Algunos encuentros fueron incluso fotografiados y compartidos por redes internas, según consta en la denuncia.
Por el momento, los 24 efectivos se encuentran en disponibilidad, pero fuera de sus funciones. Tendrán derecho a presentar sus descargos, aunque permanecerán apartados hasta que finalice la investigación. “No vamos a tolerar injerencias externas ni estructuras paralelas en la Policía bonaerense”, concluyó Alonso.
