Este lunes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cuestionó a su par de la Nación, Patricia Bullrich, por intervenir en el sumario administrativo contra los 24 policías bonaerenses acusados de realizar actividades partidarias durante su horario laboral, y aseguró que se trató de una acción que viola la normativa vigente.
En ese sentido, el funcionario de Axel Kicillof señaló que los efectivos de la Policía Bonaerense habrían convertido dependencias policiales en “células militantes” de La Libertad Avanza, y que la causa se mueve, además de en la delegación de Asuntos Internos, en la Justicia.
En tanto, Alonso detalló que la Auditoría General de Asuntos Internos recibió una denuncia con pruebas como capturas de pantalla, audios y videos que demostrarían que los agentes elaboraban pedidos de informes con membrete partidario dirigidos a autoridades municipales y provinciales, utilizando información sensible y rompiendo las reglas de las fuerzas.
Frente a esta situación, el ministro explicó que se dispuso la disponibilidad de los policías implicados y se inició un sumario administrativo, mientras la Justicia investiga en paralelo: “No perseguimos a nadie por su ideología, pero si quieren militar en política deben pedir licencia o la baja”, advirtió Alonso.
En ese momento, el titular del ministerio de Seguridad bonaerense cuestionó que Bullrich se involucre “tanto” en un procedimiento interno de la provincia de Buenos Aires, y recordó que las propias reformas impulsadas por Nación en las leyes orgánicas de las fuerzas federales mantienen la prohibición de realizar actividades políticas dentro de la policía.
Por caso, el funcionario bonaerense remarcó que el rol de la policía, en todos sus rangos, es obedecer a su mando natural, que es el jefe de la fuerza subordinado al gobernador elegido por el pueblo, para “cumplir la ley, cuidar a los vecinos de toda la provincia y perseguir a los delincuentes”.
En otro pasaje de su exposición, Alonso defendió los resultados de la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad, al afirmar que es el gobierno provincial con la menor cantidad de homicidios en los últimos 25 años, y destacó que desde el inicio de la actual administración hay 12.000 personas más detenidas en las cárceles bonaerenses, incluidos “los principales narcotraficantes que operaban en la provincia”.
En ese sentido, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires enfatizó que la política de seguridad bonaerense busca “profesionalizar a la policía” y no convertirla en “punteros políticos”, al asegurar que los avances logrados son fruto del fortalecimiento del patrullaje y la inversión propia.
Para Alonso, “la mentira y la falta de argumentos” son prácticas habituales del Gobierno nacional, al que acusó de difundir “fake news” sobre la situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, y operar contra la administración de Kicillof desde adentro.
Alonso cruzó a Milei por los fondos de seguridad y el desmantelamiento nacional
Por otro lado, el ministro bonaerense denunció que el presidente Javier Milei “cortó el envío de $750 mil millones que la provincia recibía para seguridad y que se usaban para mejorar salarios policiales, comprar patrulleros, invertir en infraestructura informática y financiar a municipios”.
Según las palabras de Alonso, la decisión del Presidente no sólo frenó obras fundamentales para los bonaerenses, sino también la compra de equipamientos y programas de videovigilancia con inteligencia artificial, y dejó “desmanteladas” a las fuerzas federales, que hoy carecen de movilidad y logística.
Por eso, el ministro aseguró que el Gobierno bonaerense compensó con un fondo propio de $160 mil millones, con el que se adquirieron 1.500 patrulleros y más de 700 motos este año, además de multiplicar el presupuesto de subsidios a bomberos voluntarios.
Por último, Alonso criticó el discurso oficial sobre un “baño de sangre” y recordó que las estadísticas de homicidios y robos mejoraron en la provincia gracias a una cobertura de patrullaje que recorre el 75% de las calles cada cuatro horas, que se logró “a pesar del recorte de fondos de Nación”.
