Las organizaciones de inquilinos de todo el país están en alerta frente al próximo vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establecido en medio de la pandemia de coronavirus que congela el valor de los alquileres, extiende la duración de los contratos y prohíbe los desalojos.
Esta medida promulgada en el marco de la crisis sanitaria, social y económica que produjo la pandemia, mantiene su vigencia hasta el próximo 31 de enero, lo que genera gran preocupación en el sector por la falta de certezas sobre qué resolverá el Gobierno nacional a futuro.
“De terminarse el decreto sería un gran proceso de movilidad de los inquilinos a peores condiciones de vida, hacinamiento, incluso la calle para los sectores más vulnerables, porque muchos de los dueños no tienen problema en sacar sus propiedades de alquiler si no le gustan las condiciones actuales”, dijo a Diputados Bonaerenses el titular de la Asociación Platense de Inquilinos (API), German Schierff.
Si bien, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a cargo de Jorge Ferraresi, se dejó trascender que "se está evaluando" una prórroga del decreto posiblemente hasta el 28 de febrero, los inquilinos buscan certezas, ya que se prevé una suba exorbitante de los alquileres si no hay una intervención temprana.
En ese contexto, Schierff sostuvo que la prórroga del decreto es útil “hasta que estén garantizadas las condiciones de estabilidad de los inquilinos”, sin embargo desde API remarcan que se debe encontrar una solución de fondo frente al problema de la vivienda.
Por esta razón, las distintas asociaciones de inquilinos de todo el país acordaron elevar un reclamo conjunto llevando adelante campañas para que el Gobierno se comprometa a extender la normativa que regula, aunque de manera temporal, la situación.
Además, los inquilinos exigen la creación de “un órgano de aplicación con poder de policía” para garantizar la defensa de los derechos frente a la presión de los sectores del mercado inmobiliario y los propietarios.
Por caso, las distintas agrupaciones de arrendatarios nucleadas en Inquilinos Agrupados, anunciaron que si “se toman medidas cortoplacistas” realizarán una movilización hacia Plaza de Mayo, para visibilizar la grave situación que padecen más de 9 millones de personas en Argentina.
Por su parte, la Campaña #ProhibidoDesalojar, conformada por Asambleas de Inquilinos y habitantes del mercado de vivienda informal, llevarán a cabo una concentración frente al Obelisco porteño, este jueves 21 de enero a las 10 de la mañana.
De todos modos, Schierff explicó que durante la vigencia del decreto encontraron algunas “artimañas” por parte de las inmobiliarias para imponer “aumentos encubiertos a través de figuras pseudo legales o amenazas a los ocupantes”, en donde la API tomó intervención.
El referente expresó también que “el panorama es un tanto complicado para los inquilinos porque el sector inmobiliarios quiere volver a imponer fuertes aumentos que terminarían socavando su economía”, ya que muchos afrontan grandes deudas y hasta la posibilidad del desalojo.
En ese sentido, el titular de API resaltó la necesidad del cumplimiento de la Ley de Alquileres, sancionada durante el 2020, ya que allí se plantean medidas en beneficio de los arrendatarios, como “la aplicación de las mediaciones, planes de desendeudamiento y acciones de control”.
En cuanto a la efectiva aplicación de la norma, desde la API, sostienen que se “requiere una clara intervención del Estado”, frente a una situación especulativa en donde las inmobiliarias y los propietarios, “aumentan desproporcionadamente los alquileres por temor a perder ganancias”.
Además, Schierff destacó que “se necesitan políticas integrales que contemplen a los inquilinos dentro de un marco de acceso a la vivienda, que no solo implique endeudarse a 40 o 50 años, teniendo en cuenta una mirada más amplia, que abarque la cuestión social y alquileres accesibles”.
