jueves, abril 18, 2024

Buscan monitorear los casos de violaciones a los derechos humanos en la provincia

La iniciativa que trata la comisión que preside el diputado, Miguel Funes, apunta a articular los distintos poderes del Estado para cumplir con las medidas reparatorias.

Avanza en comisiones de la Cámara baja bonaerense un proyecto de la diputada mandato cumplido, Valeria Amendolara, que busca crear un organismo de seguimiento y monitoreo sobre la respuesta de la Provincia para casos de violaciones de los Derechos Humanos.  

La iniciativa que está siendo tratada en la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Miguel Funes, espera un informe técnico del fiscal de Estado Daniel Leiva. En líneas generales, la propuesta apunta a articular los distintos poderes del Estado para cumplir con las medidas reparatorias y de asistencia a las víctimas.

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“La Provincia debe asumir un compromiso proactivo, institucional e inter-poderes, tendiente a integrar las sucesivas mesas de diálogo e intercambio con familiares, victimas y del Estado Nacional encargados de representar a la República Argentina ante los respectivos fueros”, indica en proyecto en sus fundamentos.

El organismo estará integrado por los presidentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense; el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, junto con sus pares de Justicia y Seguridad; el Fiscal de Estado; el Secretario de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo.  

Entre sus principales funciones, la oficina tendrá que velar por el cumplimiento de medidas, articular y coordinar con los distintos estamentos del Poder Ejecutivo y establecer canales de diálogo con la Legislatura.

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Además, deberá un diagnostico periódico sobre la situación relativa al cumplimiento de la Ley, proponer iniciativas legislativas, implementar acciones y proponer programas de orientación para erradicar las prácticas que puedan redundar en violación de los derechos.

El incumplimiento de las disposiciones de la presente norma por parte de los encargados del Gobierno provincial, los hará incurrir a una falta de los deberes como funcionarios públicos”, precisa el segundo artículo de la norma.

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