La causa por presuntos direccionamiento de contratos y coimas en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) transitará un momento clave este miércoles, porque el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, deberá presentarse a las 13 horas en los tribunales de Comodoro Py para enfrentar una nueva indagatoria cargada de audios, chats, fotos y movimientos de dinero que, según la investigación, forman parte de un esquema que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 bajo la gestión de Javier Milei, aunque su defensa sostiene que todo el material probatorio es “trucho”.
Es preciso mencionar que, la declaración estará a cargo del fiscal Franco Picardi, quien citó también a una extensa nómina de imputados vinculados al expediente. Es que, además de Spagnuolo, la ronda de indagatoria incluye a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros, que aparecen mencionados en distintos tramos del expediente por su presunta participación en decisiones administrativas, direccionamientos y maniobras vinculadas a la compra de medicamentos del programa Incluir Salud.
De esta manera, la fiscalía busca reconstruir en detalle cómo habrían operado las cadenas de favores, contactos externos y accesos a sistemas dentro de un organismo clave en la provisión de insumos de alto costo, y cómo se desarrolló el esquema de coimas en la ANDIS que se destapó tras la filtración de audios del propio Spagnuolo, que confirma las transferencias a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En tanto, la serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que supuestamente se refería a un circuito de coimas en la ANDIS ligado a la provisión de medicamentos para personas con pensiones no contributivas. Esas grabaciones, que se viralizaron y motivaron la intervención judicial, impulsaron la hipótesis de un entramado en el que laboratorios y droguerías habrían sido favorecidos a través de funcionarios y operadores externos que manejaban las decisiones.
Según la defensa del ex titular de la ANDIS, el expediente “carece de peritajes concluyentes que validen el origen de esas conversaciones”, por lo que pedirán su nulidad. Pese a esto, la fiscalía insiste en que hay más elementos que conectan el caso de las coimas en el área de discapacidad, y que van “mucho más allá de las grabaciones filtradas” de Spagnuolo.
Entre esos elementos aparecen los contratos adjudicados en los últimos 18 meses a cuatro droguerías: Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, que según la investigación habrían concentrado licitaciones por unos $40.000 millones mientras Spagnuolo y Daniel Garbellini estaban al frente de la ANDIS. Por eso, la fiscalía analiza cada una de esas adjudicaciones para determinar si existió un patrón sostenido de direccionamiento, y si las droguerías accedieron a información privilegiada o influencias internas para resultar beneficiadas de manera sistemática.
Un capítulo que llamó especialmente la atención es la participación de personas sin ningún cargo en ANDIS, pero con acceso al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), la plataforma interna utilizada para gestionar contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, quien según el expediente tenía usuario y clave para intervenir en decisiones del organismo.
Para el fiscal Picardi, esto forma parte de un esquema en el que la apariencia de transparencia en el uso del sistema ocultaba en realidad una estructura paralela que operaba desde afuera, que podría vincularse con coimas en la ANDIS. A su vez, la Justicia investiga el rol de los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Achavajian.
Es que, según las comunicaciones relevadas, ambos actores habrían dado instrucciones sobre qué proveedores favorecer, qué expedientes demorar o qué pagos destrabar. Calvete fue el primero citado en esta ronda, pero se negó a declarar ante el juez Sebastián Casanello, un gesto que para los investigadores puede anticipar la estrategia del resto de los imputados de guardar silencio mientras avanzan los peritajes y el análisis documental.
En este contexto, todo gira ahora alrededor de lo que hará Spagnuolo cuando se siente frente al fiscal. Es que, el exfuncionario puede optar por declarar o mantenerse en silencio, aunque si decide hablar deberá responder sobre el presunto direccionamiento de contratos millonarios, la intervención de personas sin cargo público en el sistema SIIPFIS, el rol de las droguerías señaladas, los vínculos con Calvete y Achavajian, y las fotos de dinero que forman parte del expediente.
En cambio, si el ex funcionario del Gobierno nacional que aparece como principal acusado en la causa que investiga las coimas en la ANDIS decide guardar silencio, los investigadores lo interpretarán como una estrategia defensiva en un escenario que, según fuentes judiciales, se vuelve “cada vez más complejo” por la cantidad y el tipo de evidencia reunida.
El expediente entra así en una fase clave, con una indagatoria que puede modificar el rumbo de la causa o profundizar las sospechas sobre el exdirector de ANDIS. Mientras tanto, la justicia federal analiza los contratos, las comunicaciones y los movimientos económicos para determinar si existió un esquema organizado de corrupción dentro de una de las agencias más sensibles del Estado. El resultado de esta jornada en Comodoro Py será decisivo para el futuro procesal de Spagnuolo y para el avance de una causa que ya sacude a funcionarios, operadores y proveedores del sector de discapacidad.
Coimas en la ANDIS: qué dice la defensa de Spagnuolo
Es que, el caso se inició el 25 de agosto de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil “Arco Social”. En el escrito denunció supuestas compras por parte de la ANDIS a la droguería Suizo Argentina, por montos que alcanzan casi los $30.000 millones sin la correspondiente licitación pública.
Por la defensa de Spagnuolo, el abogado Mauricio D’Alessandro presentó un escrito asegurando que los audios no eran reales y que podrían estar hechos con inteligencia artificial (IA), siendo la primera vez que se usa este argumento en la defensa.
En esa línea, D’Alessandro negó rotundamente que su defendido haya participado en pedidos de retorno o derivación de fondos hacia la cúpula de la Presidencia, y anticipó que encargó una pericia informática sobre los audios. “Niega, dice que es mentira y que ha sido manipulado”, añadió.
En tanto, la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, recibieron a todas las partes para escuchar sus argumentos sobre la disputa alrededor de la nulidad del caso.
