El Senado de la nación dio media sanción al proyecto de ley que declara zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por 180 días a los departamentos de Chubut y Río Negro afectados por los feroces incendios forestales.
La iniciativa comprende una partida especial para la asistencia de las personas y la reconstrucción de las economías afectadas en los departamentos de Cushamen y de Bariloche, en las provincias de Chubut y Río Negro, respectivamente, y a las adyacencias de la localidad de El Bolsón.
Además, el Gobierno nacional deberá ampliar los fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período de la declaración de emergencia en su ámbito geográfico, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las condiciones de vida de sus habitantes.
El proyecto también establece que el Ejecutivo nacional deberá adoptar medidas relacionadas con la producción, el empleo y la recuperación de la biodiversidad de la zona.
Por otra parte, la declaración de emergencia habilita, con carácter de urgencia, la asignación de partidas para la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas rurales y urbanas afectadas o que resulten necesarias.
El chubutense Alfredo Luenzo recordó que “más del cuarenta por ciento de los siniestros se dieron en esta comarca” y mencionó que los culpables fueron “el cambio climático u otras medidas que no se toman a tiempo”. “La destrucción es tal que el Ejecutivo debe tener las herramientas necesarias”, indicó.
En cambio, el peronista federal salteño Juan Carlos Romero se abstuvo de votar el proyecto porque dijo que “no se están atacando las causas, sino las consecuencias” y pidió “un capítulo que hable sobre la seguridad porque estos incendios fueron causados intencionalmente”.
“Ni Río Negro ni Chubut tienen el control de su territorio y el gobierno nacional está haciendo una tolerancia enorme en no aplicar la ley sobre esos violentos que se dicen mapuches”, describió.
La presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la opositora bonaerense Gladys González sostuvo que “lo que se vivió y se vive es una verdadera tragedia” y destacó que “no se está hablando de bosques nativos, sino de las viviendas de más de trescientas familias”.
Además, la legisladora reclamó “un cambio en el Código Penal para que incendiar un bosque nativo sea un delito, que el ambiente sea un bien jurídico protegido”.
