En las últimas horas, una jueza del fuero laboral declaró inconstitucional una parte del decreto del Gobierno nacional de Javier Milei que intentaba regular el derecho a huelga. Se trata de Moira Fullana, la magistrada que hizo lugar al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y anuló los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025.
Es preciso mencionar que, la norma había sido dictada por el Poder Ejecutivo nacional para imponer límites a las medidas de fuerza que se llevan a cabo desde hace varios meses en los sectores claves como salud, educación y transporte. Sin embargo, la resolución de Fullana volteó una vez más la intención de la administración libertaria.
La resolución, que volvió a generar fricciones entre el oficialismo y la Justicia, fue firmada por la magistrada del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 3, Fullana, que ya había sido protagonista de otras decisiones contra decretos del Gobierno nacional, como el que eliminó el asueto del Día del Trabajador estatal que afectaba a empleados públicos, tras un planteo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
A partir de esta nueva decisión, los artículos del DNU que exigían que las huelgas en sectores considerados esenciales debían garantizar un 50 a 75% del servicio quedan invalidados, al menos de manera provisoria. La jueza sostuvo que la CGT tiene legitimación activa para presentar el amparo, dado que busca proteger derechos colectivos reconocidos por la Constitución y los convenios internacionales.
En el fallo, Fullana argumentó que el decreto carece de las condiciones exigidas por la Constitución para que el Ejecutivo dicte normas de necesidad y urgencia. Según explicó, al momento de la publicación del DNU el Congreso se encontraba en pleno funcionamiento, por lo que no existe impedimento para tratar una ley por la vía ordinaria.
Además, señaló que el Gobierno no justificó adecuadamente la urgencia de limitar el derecho a huelga. El decreto 340 se amparaba en la emergencia declarada por el DNU 70 y la ley 27.742, pero para la jueza, esas referencias no alcanzan para sustituir una ley vigente.
Al mismo tiempo, la magistrada cuestionó que se ampliara el listado de servicios esenciales sin fundamentación específica, en particular con la incorporación de la navegación fluvial, que el pasado 27 de mayo llevó a cabo un paro para protestar contra la desregulación del transporte por agua y el sector pesquero.
Fullana consideró que lo hecho por el Ejecutivo no fue una “simple reglamentación”, sino una modificación sustancial del artículo 24 de la ley 25.877, lo que amerita una revisión parlamentaria. Por eso, resolvió declarar la invalidez constitucional de los artículos cuestionados y ordenó que el Estado Nacional se haga cargo de las costas del proceso.
Sin embargo, a la hora de conocerse la sentencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a la jueza como una “militante”. “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”, escribió el funcionario nacional en su cuenta de X, donde también aclaró que el fallo previo de Fullana sobre el feriado del 27 de junio se aplicaba únicamente a los empleados representados por ATE.
Es preciso recordar que, el DNU 340/2025 había sido dictado el 21 de mayo y retomaba parte del contenido del DNU 70/2023, que está actualmente suspendido. Su objetivo era imponer reglas estrictas sobre los servicios mínimos durante medidas de fuerza en sectores como salud, educación, bancos, servicios públicos y producción de medicamentos, entre otros.
En total, la reglamentación del Gobierno nacional abarcaba 17 actividades consideradas esenciales o estratégicas. Algunas de ellas debían garantizar el 75% de su capacidad operativa incluso durante un paro. Además, la administración libertaria había defendido esta medida como una forma de “asegurar que no se vean afectados los servicios básicos” para la población.
Quién es la jueza laboral que invalidó las limitaciones del derecho a huelga
Moira Fullana fue nombrada jueza en 2021, tras concursar en el Consejo de la Magistratura. Su trayectoria en el fuero laboral comenzó en 1989 y pasó por todos los cargos del escalafón judicial antes de asumir al frente del Juzgado N.º 3. Nació en la ciudad bonaerense de Rojas, estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y su carrera ha estado siempre vinculada a temas laborales y gremiales.
Con esta nueva sentencia, se suma otro capítulo a la disputa entre el Gobierno nacional, el sindicalismo y el Poder Judicial. La CGT celebró la decisión como un freno a lo que consideraba un intento de limitar el derecho a huelga por decreto, mientras el oficialismo insiste en que la Justicia busca frenar reformas estructurales mediante fallos ideologizados.
El caso probablemente escale a instancias superiores, aunque por el momento el fallo representa un obstáculo para el Gobierno en su intento de avanzar por decreto con reformas sensibles en materia laboral. Mientras tanto, la tensión entre los distintos poderes del Estado y las centrales sindicales sigue en aumento.
