Esta semana, el Gobierno nacional de Javier Milei anunció su decisión de eximir de controles a ciudadanos de China y República Dominicana que posean visa válida de Estados Unidos, lo que permite su ingreso a la Argentina sin visado consular ni Autorización de Viaje Electrónica, según la Resolución 316/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Es preciso mencionar que, la medida afecta a turistas y personas de negocios de ambos países siempre que cuenten con visa estadounidense, y se enmarca en una política que el Ejecutivo justifica por “reciprocidad” diplomática, ya que China y República Dominicana eximieron a argentinos de visas unilaterales hasta mayo de 2026, apuntan las bases de la normativa oficial.
El argumento central es que Argentina “confía plenamente en los mecanismos de control de migración que aplica Estados Unidos”, país cuya rigurosidad en la emisión de visas se considera suficiente para reemplazar las verificaciones consulares locales, según el texto del decreto que otorga la flexibilización.
De hecho, Milei ya recurrió a este razonamiento en el escándalo de las valijas no declaradas que llegaron en un vuelo privado desde Estados Unidos este mismo mes, afirmando ante la falta de control en Aduana que “no fue necesario revisar ese equipaje porque ya había sido inspeccionado por autoridades estadounidenses en Miami“, una justificación que tensó el régimen de control nacional y disparó críticas por su dependencia.
Pese a que la decisión se presenta como pragmática, muchos la interpretan como un alineamiento más con la política exterior de Donald Trump, reforzado por la nominación del empresario Peter Lamelas como embajador en Buenos Aires, quien adelantó públicamente su apoyo al Gobierno de Milei y prometió “vigilar” los acuerdos que cierren las provincias con China.
En tanto, el vínculo estrecho entre Milei y Trump ya fue materia de debate en el país, no solo por el respaldo explícito que Lamelas expresó en Estados Unidos, sino también porque el gobernante argentino imitó varias de las políticas del expresidente estadounidense, generando preocupación sobre hasta qué punto esas decisiones se toman en función del interés nacional o como gesto ideológico.
Un ejemplo claro es la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciada por la administración de Milei en febrero de 2025 en “sintonía con la decisión de Trump“, bajo el argumento de “profundas diferencias en la gestión sanitaria durante la pandemia” y en defensa de la soberanía sanitaria nacional.
Con esta antesala, la decisión de eximir visas aprobadas por Estados Unidos es sumamente criticada desde la oposición, que ve en ella no una medida técnica, sino un gesto de subordinación hacia Trump. La cuestión es clara: ¿hasta qué punto el país delega su política migratoria en la confianza absoluta a otro Estado?.
Es que, al aceptar que la visa estadounidense equivale a control argentino, el país renuncia a aplicar criterios propios de seguridad y soberanía, cuestión que aparece incluso con más gravedad si se considera que ese mismo criterio justificó falta de control aduanero en el escándalo de las valijas aterrizadas sin registros en Aeroparque.
Además, esta medida se suma a otras decisiones de alto impacto, como la salida de la OMS, la posibilidad de abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático y hasta el alineamiento de Milei con estructuras como la OTAN o la OCDE, señal de una política exterior subordinada más que autónoma.
El Gobierno de Milei dejó la seguridad, identidad y autonomía en manos de EE.UU
Ahora, lo que queda en evidencia es la paradoja: Argentina entrega su lógica de visado, que parte de su ejercicio soberano de control migratorio y fronterizo, para confiar en un sistema externo sin niveles adicionales de verificación ni evaluaciones riesgo-país.
Este entramado tiene consecuencias tangibles, que son la pérdida de control sobre flujos de entrada, cuestionamiento de políticas nacionales, riesgo para la seguridad sanitaria frente a enfermedades o amenazas globales, o incluso complicaciones legales migratorias en casos de violaciones o irregularidades.
En este contexto, se vuelve urgente contemplar si la adaptabilidad debiera proclamarse como política de Estado, o si acaso esta noción se convierte en excusa para renunciar a herramientas esenciales del ejercicio de soberanía, bajo el argumento del recorte de presupuesto para lograr el tan ansiado superávit fiscal.
Finalmente, el escándalo de las valijas sin control no es un episodio aislado, sino ilustrativo de una tendencia de que el Ejecutivo de Milei apuesta y delega confianza en Estados Unidos como garantes de seguridad y legitimidad, sin reparar en que estos mismos argumentos explican fallas graves, como la falta de fiscalización interna o el debilitamiento de organismos nacionales.
