A tan sólo 15 días de que el Senado bonaerense le diera su media sanción, este martes la Cámara de Diputados bonaerense acompaño con su visto bueno la aprobación del proyecto presentado por María Rosa Martínez que establece la capitación obligatoria en Derechos Humanos para los estatales y funcionarios de la administración pública de la provincia de Buenos Aires que desempeñen tareas en cualquier nivel y jerarquía.
Según la normativa, la capitación para funcionarios y estatales bonaerenses abordará los principios básicos de Derechos Humanos como los sistemas de protección nacionales, regionales e internacionales, las practicas respetuosas de los derechos humanos, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, los derechos de los pueblos indígenas y la situación de grupos específicos.
El texto, que ahora espera la reglamentación del Ejecutivo bonaerense para ponerse en marcha, establece la creación de una comisión de consulta, evaluación y monitoreo de los contenidos, de la cual participará la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, dependiente del Consejo interuniversitario Nacional, pudiendo realizar sugerencias y modificaciones para mejorar su implementación.
El proyecto también advierte que aquellas personas que se negaran a realizar las capitaciones en materia de Derechos Humanos estarán sujetas al régimen disciplinario de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Provincial, como apercibimientos o suspensiones de hasta dos meses.
“Nos parece muy deseable que en nuestra provincia y en nuestro país, los Derechos Humanos sean no solamente el logro de un sector, sino que impregne toda la vida democrática de la política y la sociedad argentina, sobre todo en un momento donde el Estado de derecho y la democracia está en peligro”, expresó Martínez durante el tratamiento de su proyecto en el Senado.
Para Martínez, el enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas es una herramienta fundamental para profundizar la mirada hacia las problemáticas públicas, posibilitando un abordaje transversal que haga efectivas las garantías de igualdad y justicia sobre el fundamento inherente de la dignidad humana.
“Este prisma constituye una guía para la actuación de los agentes estatales, para que ese accionar esté orientado y centrado en el sujeto titular de derechos desde una lógica transformadora, reparadora y de no repetición”, afirmó la legisladora bonaerense semanas atrás sobre su proyecto, que este martes obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados.
Acto seguido, Martínez subrayó: “¿Qué queremos decir con esto? No se trata sólo de que el Estado intervenga ante la vulneración de un derecho, sino que trabaje positivamente en su prevención, eliminando barreras sociales, económicas, políticas y culturales, y en la promoción de derechos a fin de garantizar su ejercicio efectivo y pleno”.
Al respecto, la senadora de la provincia de Buenos Aires advirtió que el reconocimiento de los Derechos Humanos no es automático, ni puede depender de la acción individual, por el contrario, requiere de un Estado activo que realice acciones propositivas. “Una de ellas es la educación”, amplió la autora del proyecto que busca incorporar una capacitación para los funcionarios.
“Si el Estado asume como responsabilidad primaria reconocer, proteger, garantizar y difundir derechos, esto se traduce en un campo de poder para los y las titulares de los mismos, comprometiendo así el reconocimiento de la relación que existe entre el derecho, el empoderamiento de sus titulares, la obligación correlativa y la garantía de efectivización por parte del Estado”, concluyó Martínez.
