El bloque UCR + Cambio Federal de la Cámara de Diputados bonaerense salió a reclamarle “prudencia” a la Suprema Corte de Justicia provincial por permitir la actualización por inflación en las indemnizaciones laborales y/o por accidentes de trabajo. “Ponen en una situación terminal a las PyMES”, advirtieron.
“Luego de mantener reuniones con organizaciones que nuclean PyMES y comercios de la provincia de Buenos Aires, expresamos nuestra preocupación por la situación terminal en la que se están colocando a muchas empresas a partir de la aplicación por parte de los jueces inferiores de la doctrina legal emanada de un fallo de la Suprema Corte bonaerense en el caso ‘Barrios’“, expresó la bancada de diputados bonaerenses conducida por el radical Diego Garciarena.
Es que, a principios de junio la Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Convertibilidad (N°23.928) que prohíbe la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas. Esto, con el fin de promover una “equitativa actualización” en las indemnizaciones.
Según el fallo Barrios, las actualizaciones de los montos por indemnización se deben aplicar “cuidando de evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital exceda el valor real de la prestación debida” y reconocen que un error en la indexación “puede arrojar resultados excesivos, apartados del valor actual de la prestación debida.
En ese sentido, los diputados radicales alertaron que este nuevo panorama para las indemnizaciones, que permite “engancharlas” a la evolución inflacionaria en el período abarcado en los juicios laborales, “elevan de manera desmedida el monto de las sentencias condenatorias, poniendo en riesgo en muchos casos la misma continuidad de la empresa“.
Si bien desde el bloque UCR + Cambio Federal dejaron en claro que no quieren entrometerse en las funciones judiciales de la Suprema Corte, los legisladores expresaron su preocupación debido a que, si las indemnizaciones laborales se atan a la inflación, en algunos casos el monto total podría llegar a superar la facturación anual de la empresa en cuestión.
Vale aclarar que, esta postura de los diputados bonaerenses radicales sobre el fallo de la Suprema Corte bonaerense llega en momentos en los que la Legislatura está tratando un proyecto de La Cámpora para modificar la tasa de interés que se utiliza para calcular las indemnizaciones laborales, con el fin de que el trabajador, a la hora de cobrar el dinero luego del largo proceso que suele durar el juicio, no lo vea pulverizado por la inflación.
La iniciativa, que lleva la autoría de la legisladora camporista Maite Alvado, está siendo analizada en comisiones y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo. En aquella sesión, el bloque liderado por Garciarena decidió abstenerse al momento de la votación y, si bien valoró “el espíritu” de la iniciativa, planteó que la misma puede llegar a ser considerada inconstitucional.
“Hay que distinguir dos cosas. El espíritu de la ley tiene la buena intención de conservar el patrimonio del trabajador, pero entendemos que esta Legislatura no es competente para tratar derecho de fondo, y también que la ley ha caído en abstracto porque la doctrina legal de la Suprema Corte está vigente y rige para los tribunales inferiores. Nos vamos a abstener de tratar este proyecto”, anunció Garciarena en su intervención en la sesión en la que se aprobó el texto parlamentario.
La Cámpora insiste con el proyecto sobre indemnizaciones laborales
Es preciso mencionar que, este lunes la diputada Alvado volvió a defender su proyecto de ley que modifica la tasa de interés utilizada para calcular las indemnizaciones laborales, que está próximo a tratarse en el Senado bonaerense y que es mirado con desconfianza por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilllof, y su tropa de funcionarios.
“Esta iniciativa tiene que ver con que los trabajadores bonaerenses tengan los mismos derechos que los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la situación de despido, el empleador debiera pagar la indemnización que por ley lo obliga, pero como esto generalmente no sucede, se inicia un juicio laboral que puede tardar 4, 5 o 6 años”, explicó la legisladora de Unión por la Patria en declaraciones radiales.
En ese sentido, Alvado mencionó que durante el tiempo en el que el trabajador espera por el juicio no recibe ninguna indemnización laboral. Finalmente, cuando es dictada la sentencia el cobro de la misma se devalúa debido a la alta inflación, e incluso es sumamente menor en comparación a la que le corresponde a un empleado de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que en territorio porteño la tasa de interés es distinta.
“En la provincia de Buenos Aires se utiliza la denominada tasa pasiva, y en la Capital Federal inicialmente usaron la tasa activa y después el CER + 6, que es este índice que estamos proponiendo. Cuando uno hace los cálculos es una indemnización mejor, pero tampoco es una indemnización que responde al período que ha trabajado y por el tiempo que ha transcurrido el juicio”, advirtió Alvado.
Por caso, la diputada camporista hizo énfasis en la “desigualdad” entre los trabajadores bonaerenses con los de la Ciudad de Buenos Aires, y explicó que su proyecto sobre indemnizaciones laborales busca que los empleados de la provincia de Buenos Aires “estén en igualdad de condiciones” con sus pares porteños.
“Lo que vemos acá es una desigualdad en la situación que atraviesan los trabajadores que es totalmente injustificada. No queremos que haya trabajadores de primera y de segunda, es nuestro deber como legisladores no solo defender al trabajo genuino, sino también a la situación en que se encuentran los trabajadores ante la situación de despido”, cerró Alvado.
