Los centros de excombatientes de Berisso y La Plata (Cevecim y Cecim) acusaron al diputado de Juntos por el Cambio, Diego Rovella, de querer beneficiar a todos militares con una pensión del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, desde ambos organismos indicaron que la iniciativa del legislador platense “pretende modificar el artículo de la norma vigente que establece que los beneficiarios tienen que cumplir con la condición de tener domicilio en la provincia de Buenos Aires al 2 de Abril de 1982 y al momento de solicitar el beneficio".
Es preciso mencionar, que la Ley provincial 12.006, sancionada en 2008 y actualizada con las distintas modificaciones, establece el otorgamiento de una pensión en reconocimiento de los excombatientes del conflicto bélico de las Islas Malvinas, incorpora también al personal de cuadro de las FF.AA.
"Si el IPS no establece un mecanismo de control exhaustivo en análisis del otorgamiento de los beneficios al personal que participó en la guerra de Malvinas, se abre un agujero negro de recursos previsionales que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema ya en crisis", sostuvieron los centros.
Para el Cevecim y Cecim, si avanza este proyecto se "incluiría a todos los militares que residan en cualquier provincia del país y con el solo hecho de haber cumplido servicio en una unidad militar de la provincia de Buenos Aires que participó en Malvinas podrían reclamar el beneficio de pensión".
Cabe destacar, que en la actualidad, se les brindan pensiones a personas que se encuentran procesadas por la Justicia e, incluso, a quienes fueron condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar de 1976.
“Uno de los genocidas identificados es el ex Capitán de Corbeta, Daniel Eduardo Robelo, condenado a prisión perpetua en 2016 por delitos de lesa humanidad, privación ilegítima de la libertad agravada, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas”, sostuvieron desde los organismos.
Además, a partir de los cambios introducidos en la normativa, el número de beneficiarios se elevó a más de 8500, cifra que genera dudas acerca de la cantidad de bonaerenses que participaron en la Guerra de Malvinas con domicilio en la provincia de Buenos Aires en 1982.
“En relación a la cifra, esto no cierra bajo ningún criterio, ya que, si desagregamos el número, 3500 personas son exsoldados conscriptos y 5500 son la nómina de cuadros militares, algo inexplicable que se agravaría con la modificación que pretende Rovella”, precisaron los excombatientes.
En tanto, desde los organismos marcaron la necesidad de que las autoridades del IPS realicen "una auditoría de los beneficios otorgados al personal militar y se generen mecanismos para controlar el domicilio bonaerense anterior al 2 de abril de 1982, requisito que contempla la ley".
"Estamos ante la existencia de mecanismos apócrifos utilizados para acceder al beneficio y es por ello que exigimos la revisión total de estas pensiones", precisaron los centros que, también, aseguraron que esta posible modificación pondría "en riesgo la sustentabilidad" del instituto provincial.
Vale recordar, que los excombatientes cobran el beneficio de la Ley N° 14.486, que reconoce como ciudadanos ilustres del territorio bonaerense a los soldados que participaron en la Guerra, por lo que el avance de este proyecto significaría una burla a quienes dieron hasta la vida en el conflicto bélico.
