El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, solicitó que se investiguen posibles “irregularidades” en el procedimiento llevado adelante por la policía provincial en la casa de la exnovia del joven de 22 años, quién fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de la localidad de Pedro Luro.
Asimismo, Ulpiano Martínez remitió las actuaciones a la justicia del fuero ordinario, que recayeron sobre el magistrado Marcelo Romero Jardín de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 bahiense y de Leila Scavarda, de la UFI 12 quien también tiene jurisdicción en las zonas de Villarino, Punta Alta, Saavedra, Torquinst y Puán.
En esta línea, el área de prensa de la Fiscalía de Bahía Blanca detalló que "en concreto los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de su ex novia en el marco de diligencias investigativas". Puntualmente, se siembran dudas sobre el comportamiento por parte del personal policial, en base a denuncias de varios testigos.
Según estos testimonios, las irregularidades ocurrieron cuando la policía bonaerense abordó, tanto a testigos como implicados en la causa, de manera intimidatoria. Sin embargo, desde el la fiscalía aseguran que "habrá que ver si eso es cierto".
Estos hechos fueron comunicados oficialmente, el viernes pasado, a través de la página web de la fiscalía federal de Ulpiano Martínez (www.fiscales.gov.ar), precisando que tanto la exnovia como el excuñado del joven desaparecido sufrieron "presiones y vejámenes".
Además, el informe oficial narra que "el hostigamiento por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo".
Sin embargo, el escrito emitido por la fiscalía apunta a que las presiones denunciadas obedecen a que el personal policial tenía como intención encontrar al muchacho desaparecido hace más de 100 días.
En este sentido, afirmaron que "en todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo, pero en el sentido de si ellos (los testigos) le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado".
De la misma manera, el informe concluye afirmando que el excuñado de Facundo accedió, en un claro hecho de coacción por parte de los agentes, a que ingresaran a su casa y la registraran.
Por otra parte, la familia Astudillo Castro, recibió este viernes un nuevo revés por parte del cuestionado fiscal Ulpiano Martínez, quien rechazó el pedido de detención de cuatro policías de la provincia, lo que evidencia las marcadas diferencias que mantiene con la querella, que solicita que se investigue el caso como una “desaparición forzada”.
En este sentido, el Dr. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia, sostuvo que Martínez representa “todo lo que está mal en la Justicia argentina”, ratificando el pedido de recusación y convocando a todos los organismos de Derechos Humanos para que se sumen al reclamo.
Cabe destacar, que la querella había pedido la detención de los policías del destacamento de la localidad de Mayor Buratovich Mario Gabriel Sosa y, Jana Curuhinca, quienes retuvieron en la ruta a Facundo cerca de las 10 del 30 de abril.
Como así tambien, del oficial del destacamento de la vecina Teniente Origone Alberto González; quien volvió a ver en la ruta al joven horas más tarde; y de la agente Siomara Flores, quien dijo haberlo llevado en su auto particular hasta un lugar cercano a Bahía Blanca.
Es preciso señalar que el fiscal Ulpiano Martínez había solicitado semanas atrás la detención de Sosa y Curuhinca, pero la jueza María Gabriela Marrón las rechazó por no contar con pruebas suficientes.
Del mismo modo, Martínez se refirió al hallazgo del amuleto que, según la madre de Facundo, pertenecía al joven, en el destacamento policial de Teniente Origone (al que pertenece el oficial González), relativizando el hecho, al considerar que si bien se trata de "un dato indiciario, restan medidas pendientes que refuercen dicha tesis".
Finalmente, Aparicio puso en cuestión la decisión del fiscal de no acompañar los pedidos de detención de los policías, manifestando que son "excusas", insistiendo en su reclamo de "separarlo de la causa".
