Frente al nuevo anuncio del Gobierno provincial por la creación de un nuevo impuesto de 2% sobre los premios de las apuestas en línea, desde un bloque opositor del Senado bonaerense salieron a advertir que el titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, es “técnicamente incapaz” de cobrarle ese tributo a las siete empresas de juego online que operan en la provincia.
Desde la bancada de Unión y Libertad, que conduce Sergio Vargas, ingresaron una solicitud de informes para que Atanasof de a conocer “por escrito y a la brevedad” la resolución que suspendió el cobro de impuestos en los premios de las salas físicas, precise detalles sobre el régimen de declaraciones juradas de licenciatarios y profundice acerca del nuevo impuesto al juego online.
En rigor, el bloque opositor parte de la hipótesis de que Lotería y Casinos no podrá realizar correctamente el operativo para recaudar el 2% de todos los premios de apuestas online, debido a que recientemente el organismo suspendió la aplicación de la misma retención pero dirigida a las salas de juego físico.
“Esto contrasta de manera directa con la rigurosidad y obligatoriedad inmediata exigida a las plataformas de juego en línea. Esta divergencia regulatoria no solo introduce un doble estándar de dudosa constitucionalidad que distorsiona el mercado, sino que podría estar configurando una severa desfinanciación de los recursos públicos provinciales”, alegaron los libertarios dialoguistas.
Según el anuncio oficial, el nuevo impuesto recaudará fondos que oscilarán entre los $35 y los $40 mil millones por mes y estarán dirigidos a programas de salud, educación y desarrollo. Por tal motivo, los senadores sostuvieron que la supuesta imposibilidad de cobrar el tributo también traerá una recesión económica en el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y en las políticas orientadas a la ludopatía.
“Las máquinas tragamonedas presenciales funcionan mediante redes centralizadas de datos desde hace años, por lo que los motivos técnicos alegados para justificar una parálisis en la retención en tiempo real requieren una explicación legislativa exhaustiva”, exigieron desde Unión y Libertad.
Por ello, los legisladores de la oposición pidieron que el Gobierno provincial remita las certificaciones técnicas y los informes de homologación de software que acredite que las plataformas de juego online están capacitadas para aplicar y retener el tributo sobre el “premio recurrente” de manera instantánea por cada jugada individual.
Asimismo, los senadores de Unión y Libertad piden que el Ejecutivo informe qué auditorías de sistemas se realizaron para asegurar que el mecanismo de retención al juego no genere distorsiones tecnológicas ni saldos de opacidad en el registro del ID de usuario, hora y fecha de cada transacción.
“Como representantes del pueblo de la provincia, no podemos convalidar asimetrías fiscales injustificadas ni la potencial pérdida de recursos destinados al bienestar social y a combatir flagelos como la ludopatía. La transparencia en el control de las concesiones de juego y la equidad tributaria son pilares indispensables para la institucionalidad”, cerraron los senadores Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura.
Un dato importante del nuevo impuesto es que la resolución oficial no cuenta con un artículo que especifique que el dinero recaudado sea destinado a un fin social. Eso quiere decir que la plata ingresará directamente a Rentas Generales, por lo que el gobernador Axel Kicillof y el propio Atanasof podrán dirigir el millonario monto a los intereses que ellos deseen.
Atanasof contra las cuerdas: piden explicaciones por el sistema de declaraciones juradas
En la misma solicitud, Unión y Libertad pidió que Lotería y Casinos justifique los criterios técnicos y fiscales por los cuales se decidió un sistema de fiscalización basado en declaraciones juradas semanales confeccionadas por las propias licenciatarias para el juego online, en lugar de implementar una auditoría “digital activa y en tiempo real mediante servicios espejos”.
Además, la bancada opositora pidió que la Provincia precise el régimen de sanciones administrativas, contractuales y pecuniarias aplicables a las empresas licenciatarias en caso de detectarse inconsistencias, omisiones, retrasos o falsedades en las declaraciones juradas.
“Depender de la auto declaración del fiscalizado en lugar de implementar auditorías automatizadas mediante servidores espejo o cruces de datos independientes debilita la transparencia del sistema y expone al erario público o subdeclaraciones u omisiones indetectables”, expuso Vargas.
