Con la consigna “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, los sindicatos docentes y no docentes resolvieron un paro universitario a partir del próximo lunesen reclamo de aumento salarial e incremento de las partidas presupuestarias, lo cual afectará el inicio del segundo cuatrimestre en las casas de altos estudios del país.
En el marco del debate en el Congreso de una nueva ley de financiamiento universitario, que ya tuvo media sanción en la Cámara baja nacional, algunos gremios como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llamaron a parar toda la semana, mientras que en otras universidades la medida de fuerza sólo regirá el lunes 11 de agosto.
“Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, señala una de las principales consignas impulsadas por CONADU, que extenderá el paro universitario hasta el jueves 14 en reclamo de “la recuperación de salarios, y más presupuesto para ciencia y tecnología”
Según indico el secretario general del gremio, Carlos de Feo, la situación salarial de los docentes universitarios “es histórica” en cuanto a su deterioro y requiere respuestas urgentes., tras lo cual sostuvo que deben articularse con los de otros sectores afectados por la política económica nacional. Entre las sedes afectadas, la medida regirá en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En paralelo, la asamblea Extraordinaria de Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) resolvió el pasado viernes no iniciar el segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Mar del Plata, al declarar un paro total de actividades del 11 al 14 de agosto inclusive.
Por su parte, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de la provincia resolvió el mismo esquema de adhesión de una jornada completa de paro docente, del 11 al 15 de agosto. La medida es impulsada a nivel nacional por las federaciones del sector.
En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los principales gremios del sector, AGD, ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarios comunicaron que la huelga se concretará el 11 de agosto, mientras que el 12 comenzarán las clases, pero bajo una modalidad de protesta, las cuales incluirán clases públicas con el objetivo de sumar apoyo social ante el reclamo.
El conflicto universitario, que data desde 2024, trasciende la cuestión salarial y alcanza partidas para gastos corrientes, becas estudiantiles y programas de investigación, que también sufrieron recortes y demoras en la acreditación de fondos, según precisaron los gremios de docentes y nodocentes
En un comunicado, la Facultad de Sociales de la UBA dimensionó la magnitud del desfinanciamiento e informó que resultó necesario, como gestión, “tomar la decisión de cubrir con recursos generados por la Facultad cuestiones elementales como la limpieza, el mantenimiento de ascensores y los servicios esenciales”.
Diputados dio media sanción la ley de financiamiento universitario
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley impulsado por la oposición que aumenta del financiamiento universitario y avanza en una recomposición del salario docente de acuerdo a los índices de inflación del INDEC.
Con 158 votos afirmativos, 75 negativos y cinco abstenciones, los diputados aprobaron el dictamen de mayoría de la Ley de Financiamiento Universitario elevado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.
De acuerdo al texto, que pasó para su tratamiento al Senado, el Gobierno tendría que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC en el período comprendido entre el 1° mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. “El superávit fiscal no se negocia” fue la respuesta desde el twitter oficial de La Libertad Avanza
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá “actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas” desde el 1° de diciembre de 2023 en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período. “Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable”, puntualiza el texto.
